En primer lugar “la norma se fundamenta en la intención de garantizar a los consumidores una información clara y adecuada para ejercer su libertad de elección en la compra de medicamentos. Pero, bajo el pretexto de proteger al consumidor, impone obligaciones a las farmacias que vulneran principios sanitarios fundamentales, desconociendo el marco constitucional y legal vigente en la Provincia de Buenos Aires, y desnaturalizando el rol del farmacéutico como agente de salud”, establecieron.

Asimismo, esta resolución resulta inapelable, por lo que “ignora este enfoque sanitario y constitucional/legal, reduciendo el medicamento a una mera mercancía regulada con criterios comerciales”, indicaron los profesionales.

De igual manera, desde el Colegio denuncian que esta medida contraviene legislaciones provinciales ya establecidas. “Sin la intervención del farmacéutico, y con listas de precios basadas exclusivamente en nombres comerciales, el paciente se encuentra en situación de incertidumbre y desprotección, sin saber qué producto corresponde a su prescripción médica”, explicaron.

“El problema no radica en la exhibición de un QR, que es una herramienta que el Colegio Central puede garantizar a las farmacias, lo grave es que la Resolución desjerarquiza el rol profesional del farmacéutico, al tratar la farmacia como un comercio y al farmacéutico como un simple proveedor de precios. En realidad, el farmacéutico es un agente sanitario, cuya función es garantizar la correcta dispensa del medicamento prescripto por el médico, asesorar al paciente y protegerlo de riesgos como la automedicación, el uso inadecuado o la confusión entre productos”, manifestaron.

 “Más allá de que se indicaran los precios por su nombre genérico, no debe perderse de vista que muchos fármacos tienen distintas presentaciones (dosis, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase, diferente “potencia”, con acción prolongada), tienen denominaciones similares, etc.; lo que inevitablemente requiere una interpretación profesional del farmacéutico para no alterar la pauta terapéutica indicada por el médico”, indicaron.

“El asesoramiento farmacéutico resulta pues imprescindible para garantizar la eficacia del tratamiento y evitar riesgos sanitarios. Este tipo de medidas estimula una práctica basada en el precio y no en el criterio sanitario, habilitando la comparación indiscriminada de productos sin evaluar adecuadamente su correspondencia terapéutica”.

“Como autoridades farmacéuticas vamos a defender nuestras inconveniencias farmacéuticas, reiterar nuestro compromiso de trabajar con las autoridades nacionales y provinciales para garantizar el acceso de la población a sus medicamentos y en beneficio de la salud pública”, concluyeron en su comunicado.