"En la inspección, quedó plasmado que las profesionales del Municipio de Olavarría realizan un correcto y responsable abordaje en la evaluación de los pacientes con el objetivo de brindar respuestas ante una temática tan sensible como la discapacidad" comienza el texto. También se aclara que todo quedó plasmado en sendas actas, que fueron firmadas por tres integrantes de la Junta Evaluadora ANDIS y tres integrantes de la Junta Evaluadora de Discapacidad Municipalidad de Olavarría.

De las actas, la información de la Comuna destaca:

-Las representantes de ANDIS tienen acceso a los expedientes que fueron objeto de cuestionamientos públicos. -Los revisan y realizan consultas. Se conversa sobre los criterios de atención y priorización para la evaluación de los CUD vencidos que asume la Dirección Municipal, resultando validados por ANDIS. 
-Se refuerza que la atención de niños, niñas y adolescentes y personas mayores se encuentra con prioridad por la normativa vigente (Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención de las Personas con Discapacidad). 
-Se aclara y presenta ante ANDIS que no hay lista de espera de personas con prórrogas de CUD vencidos que tienen que renovar. 
-Se conversa sobre cada expediente, las situaciones particulares de las personas evaluadas y las definiciones tomadas. Los expedientes en cuestión no están objetados por ANDIS. 
-Se aborda en detalle los pasos que se siguieron para el proceso de evaluación y renovación de los CUD objeto de cuestionamientos, siendo validados por ANDIS. 
-Se explica el uso de la modalidad virtual. Es una modalidad válida, asi lo reafirma ANDIS y alcanzan copia de la resolución que así lo estipula (Resolución 106/2020). 
-Por parte de ANDIS se comenta que el procedimiento realizado está validado y que las Juntas pueden seguir trabajando. 
-Se consulta si, más allá de la denuncia pública, se realizó una denuncia de otro tipo. Se aclara que únicamente se realizó el mail a ANDIS. Se acuerda que no hay pruebas para una denuncia formal. 
-Se pone en contexto el impacto que una denuncia pública genera en una localidad de las características de Olavarría más allá de que sea falsa y cómo esto afecta al equipo, el buen funcionamiento de la Junta, la trayectoria de las profesionales que la integran y a la garantía del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Todas las participantes acuerdan en la gravedad de esta situación. 
-Se conversa sobre el trabajo integral que se realiza desde la Junta de Discapacidad, que no se limita a evaluar los CUD. Sino también asesorar en otros trámites y la articulación con otros organismos. 
-Se abordan consultas puntuales con intercambio de análisis por parte de las referentes de ANDIS y Provincia. 
-Se brindan sugerencias de mejora en el registro. Por ejemplo: con respecto al campo observaciones o la comunicación vía mail con las personas. Se trata de sugerencias para sumar a los expedientes y que facilitan la evaluación de los mismos. 
-Se acuerda que desde ANDIS van a presenciar una Junta y luego auditar otros expedientes aleatorios del año 2025, bajo la modalidad ATR (Auditoría en Tiempo Real).

Culmina el repaso de los datos, manifestando la intención de "llevar tranquilidad a la comunidad sobre el correcto funcionamiento del área. Ante la desinformación era necesario que el organismo de control ANDIS evaluara el proceder de nuestras Juntas que otorgan los Certificados Únicos de Discapacidad. En un contexto de recortes y de claro avasallamiento de los derechos de las personas con discapacidad, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con empatía, transparencia por el bien de toda la comunidad".

MR