Al fundamentar el proyecto, la legisladora de la CC-ARI sostiene que desea acceder “a información que permita determinar de manera fehaciente cuál es el actual nivel de seguridad efectiva del que disponen los habitantes del partido de Olavarría, ante la manifiesta inquietud de que la Policía Distrital padece una sensible disminución de los recursos disponibles para la prevención del delito y su consecuente respuesta al desafío creciente de la inseguridad”.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, la principal causa de la falta de policías dedicados de manera efectiva a las tareas de seguridad en el distrito sería la gran cantidad de carpetas psiquiátricas que habrían presentado en los últimos años. “Se impone analizar, en primer lugar, si existen patrones específicos de conducta individual u organizacional que dieran lugar a las situaciones de estrés o disfuncionalidad que afectaron sus aptitudes operativas; y determinar, asimismo, si el Poder Ejecutivo ha adoptado las medidas necesarias de contención personal, abordaje institucional y solución funcional del problema”, se pregunta la senadora por la 7ª sección.

Asimismo, el municipio dispondría de manera efectiva de sólo seis móviles para patrullar todo la ciudad. Evidentemente se trata de una cantidad exigua que, aún así, se ve mermada ante su sujeción a la tarea de custodia de comercios asaltados, personas vinculadas a situaciones de violencia específicas, fallas mecánicas o carencia de personal disponible para su uso adecuado, pues las fuentes consultadas hacen mención a patrullajes que cuentan sólo con el conductor del rodado.

En este contexto, Gainza se refirió a la falta de cumplimiento del debido descanso por parte de los efectivos –con la consecuente pérdida de calidad operativa- y concluyó que a la ya conocida razón de que deben recurrir a trabajos adicionales en ámbitos privados para mejorar sus magros sueldos, se suma el hecho de que deben reemplazar los turnos de quienes no se hallan en condiciones de cumplimentar las tareas de calle. “En relación a las horas adicionales, su cumplimiento y remuneración se hallan previstos en la normativa vigente. Lo que cabe preguntarse es cuáles son las condiciones previstas para dicho desempeño, así como la forma de registrar y retribuir la sobrecarga horaria por reemplazos”, indaga la senadora.

Por último, la legisladora olavarriense remarca que “numerosas son las iniciativas y discusiones que reclaman acciones concretas contra la inseguridad pero nada dará resultado si no se asegura la calidad profesional y funcional de las organizaciones que la tienen como finalidad excluyente.

Para ello, deben aplicarse estrategias de abordaje que adecuen la cabal asimilación de los marcos normativos y éticos democráticos a un contexto de carencia de recursos; intensa presión social para reprimir la delincuencia a cualquier costo; contumacia en la replicación de metodologías históricamente centradas en su acción represiva; y los severos cuestionamientos de la sociedad con la consecuente pérdida de la legitimidad y el respeto, indispensables para su accionar efectivo y sostenible”.

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