Afirman que no se tiene en cuenta lo que histórica y metodológicamente se aplicó, considerando a la tierra como un bien productivo.

Además, dicen, es inaceptable que se haya excluido la representación sectorial en las comisiones municipales de evaluación de la elaboración del impuesto inmobiliario.

Agregan que a ningún productor el hecho de tener un patrimonio en tierras le da seguridad de tener una renta, ya que eso depende de la zona, la actividad, etc. y a veces eso es tremendamente escaso, producto del trabajo, las cosechas o del tiempo.

Del 2011 al 2012 ya hubo un aumento del 35%. Se había considerado un aumento del 27,7%, a lo que luego, una quita de bonificación por buen cumplimiento llevo ese aumento a un 35% real, y además desde el 2006 al 2012 los aumentos que se han producido en el inmobiliario rural han superado cualquier tipo de índice, sea soja, maíz, dólar oficial, de precios, que se quiera tomar en cuenta.

La voracidad fiscal del gobierno nacional arrincona a las provincias y las obliga a tener que recaudar fondos de donde no se los puede sacar. Venimos de un escenario catastrófico a causa de los efectos de la sequía que afectó a la producción agropecuaria, como así también las desastrosas políticas públicas hacia el campo y desde el Poder Ejecutivo Nacional en vez de pensar en canales de asistencia para que no desaparezcan productores, nos quieren imponer un impuestazo desde las provincias.

Recordamos que hubo incrementos en estos años del 360%, computado del 2006 al 2012 lo que hace inviable aceptar este nuevo aumento.