El proyecto del legislador oriundo de Saladillo, Ricardo Lissalde, prevé que entre los requisitos para la tramitación del subsidio  ,  que la solicitante haya denunciado a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o concubino con quienes conviva; que el Juez interviniente considere riesgoso para su integridad que regrese al domicilio común y no haya dispuesto aún la exclusión del hogar del denunciado y que incluso cuando ello hubiera sucedido la víctima no pueda sostenerse por sus propios medios; que no resulte posible su alojamiento en el hogar de algún miembro de su grupo familiar o que éste le brinde sustento y que no existan en la jurisdicción de residencia de la solicitante o a su alcance hogares de tránsito para la atención y albergue de las víctimas de violencia doméstica, que en estos no haya cupo o que se considere inconveniente dicho alojamiento.

El fondo se integrará con la suma que anualmente destine la Ley de Presupuesto y el subsidio consistirá en una prestación monetaria mensual fija que deberá ser destinada exclusivamente a cubrir los gastos de alojamiento y sustento de la víctima y, en su caso, de los hijos menores a su cargo cuya permanencia en el hogar también resulte inconveniente. Será otorgado mensualmente y hasta un plazo de tres meses, el que podrá ser ampliado por un término máximo a determinar por la autoridad del área social, en caso de certificar que persisten las circunstancias que han dado origen al beneficio”

Según expresa el proyecto de Lissalde “Este beneficio debe concebirse como una acción que, acompañada por otras, permitirá garantizar a la mujer el acceso a la justicia, como método de resolución del conflicto y reintegración de sus derechos, proveer a su seguridad en aquellos casos en los que se vea amenazada y asistirla con el objeto de superar el trance de violencia, en pos de su bienestar y el de sus hijos