LOCALES
20 de mayo de 2012
“Esto es una nueva privatización”
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Lo dijo a Radio Olavarría el Dirigente nacional de Partido Obrero, respecto a la ley de expropiación parcial de YPF , que es un velo que oculta una situación política excepcional.
Dijo que Cristina blanqueó la bancarrota energética en que había quedado sumida la Argentina al cabo de diez años de política kirchnerista, pero lo peor es que el vaciamiento financiero de YPF por parte de Repsol es sólo una parte del vaciamiento generalizado, que han realizado los monopolios petroleros que operan en el país.
Rapanelli indicó que todo esto sucede como consecuencia de la bancarrota capitalista mundial -la que impone el pago de dividendos (al exterior) para hacer frente al déficit financiero que sufren la mayor parte de las corporaciones y bancos de los principales países.
Así las cosas, el gobierno maniobra en una situación de bancarrota: tanto del grupo de control de Repsol, compuesto por bancos y constructoras que sobreviven bajo la carpa de oxígeno del Banco Central Europeo y el Banco Central de España, como del propio Estado argentino, el cual registra un déficit fiscal en crecimiento, a pesar de que mete las manos en la Anses y el Banco Central, y que se financia, además, con el Banco Nación, mientras las provincias emiten empréstitos en el exterior a tasas de interés usurarias.
La intervención del Estado en YPF es, por lo tanto, una operación de arbitraje político, que procede a una redistribución de cartas en la industria petrolera (hacia las empresas norteamericanas indicadas por Obama). Por eso se reunió a toda velocidad con los principales pulpos internacionales, para ofrecerles lo que a Repsol le hubiese sido inútil: una agenda de aumentos tarifarios para incitarlos a una mayor explotación de los pozos existentes y a un incremento de sus inversiones. Y por esto también designó a Galuccio, un especialista en contratos con grandes productoras.
La finalidad inmediata de la intervención en YPF es acceder a la facturación de la petrolera para pagar las importaciones de gas y fuel oil, así como los subsidios en el mercado interno. El gobierno intenta zafar de su derrumbe postelectoral y de la amenaza de ‘inviabilidad’, que él mismo reconoce, con una medida que acentúa la crisis que pretende atenuar. Sin un tarifazo a plazo cierto, la reprivatización es también inviable: los acuerdos con los Exxon no están a la vuelta de la esquina. El vaciamiento de la ‘nueva YPF’ para pagar las facturas pendientes y evitar el tarifazo en el corto plazo acentuará la crisis energética.
Hay que descorrer este velo para entender los recursos extraordinarios a que apela el gobierno y evitar así el seguidismo que lleva hacia una reprivatización. Dado que gran parte de la población se encuentra confundida respecto de las medidas adoptadas en torno a la petrolera.