Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Pinamar resolvió ayer suspender al intendente Blas Altieri, una medida que regirá hasta que el cuerpo decida si lo destituye definitivamente, en el marco de la investigación abierta por las irregularidades detectadas en la entrega de viviendas sociales construidas en ese distrito.

Pasadas las 20 de ayer, el Concejo aprobó por ocho votos contra dos el dictamen de la comisión investigadora que se creó para analizar las denuncias por el escándalo de las viviendas y que habría presentado 33 cargos contra el jefe comunal vecinalista, electo en 2010.

El cuerpo, ahora, tendrá un plazo de 90 días para definir si lo destituye o lo restituye en el cargo. Hasta tanto, el Ejecutivo municipal quedará en manos del concejal Hernán Muriale, electo por la boleta con la que Altieri ganó los comicios municipales y uno de los dos ediles que ayer votó en contra de la suspensión.

Ocho concejales de la oposición consideraron que correspondía la suspensión del jefe comunal, que no podrá extenderse más allá de los 90 días, según lo que establece el artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Entre los que votaron a favor de esa medida se encuentra el ex intendente Roberto Porretti, quien también fue destituido de su cargo en el marco de una denuncia por supuestos pedidos de coimas a empresarios.

La sesión se inició pasadas las 18.30 y se extendió tras las 20.15, cuando una amenaza de bomba "apuró" los plazos, ya que se definió la votación cuando aún quedaban dos oradores por realizar su alocución.

Altieri está imputado por una comisión investigadora conformada en el Concejo Deliberante por 33 cargos, el más importante de los cuales es el vinculado a las irregularidades en la construcción y entrega de viviendas sociales a partir de un convenio entre el Instituto de la Vivienda y la fundación Eco Pinar.

Esos inmuebles debían ser adjudicados a familias de escasos recursos, pero los concejales constataron que fueron beneficiarios, entre otros, Elena María Altieri y María Constanza Altieri, hijas del jefe comunal, y Maximiliano y Juan Morales, hijos de Alberto Morales, funcionario municipal cercano a Altieri.

En ese contexto, la comisión investigadora imputó a Altieri por "omisión indebida" al no denunciar la "irregular adjudicación", así como "conducta antiética en beneficio de familias y personas vinculadas personal y políticamente que resultaron beneficiarias por planes de viviendas sociales".

Además, los concejales opositores acusan a Altieri de otras presuntas irregularidades como "doble veto" a una ordenanza aprobada por el Concejo, la firma de convenios sin autorización legislativa y no aplicar a la empresa de recolección de residuos sanciones por el no cumplimiento del contrato.

A poco de iniciarse la investigación, Altieri formuló declaraciones en las que denunció una "movida destituyente" por parte del Concejo Deliberante. "Es absolutamente un tema político en el que vengo inmerso desde el año 2010 cuando gané las elecciones tras la destitución de Roberto Porretti. Estoy con 10 concejales, dos son de mi bloque y ocho en contra. Es todo ocho a dos. Nunca me aprobaron nada, ni el Presupuesto", disparó.

Altieri adelantó además que en caso de prosperar su destitución va a defenderse apelando a la Suprema Corte "que no va a aceptar una situación política de este tipo porque no tiene fundamento jurídico".