(NA) -- La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un planteo de recusación hacia el fiscal Javier de Luca, pedido por las principales cementeras del país, en la causa por la cual se las multó por casi 310 millones de pesos por supuestamente "cartelizar" los precios del rubro.

La Sala I de la Cámara rechazó la recusación que las empresas Loma Negra, San Martín SA y la Asociación Fabricantes de Cemento Pórtland formularon hacia el fiscal al aducir cierta parcialidad en la causa.

Además, los jueces ratificaron la intervención en el expediente de los abogados del Ministerio de Economía, en la causa que se inició a raíz de que el 26 de julio de 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, aplicó las multas dictaminadas por  la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

 Los jueces Mariano Borinsky, Luis María Cabral y Juan Gemignani primero desestimaron una posible connivencia entre el fiscal De Luca y el Ministerio de Economía, parte en la causa, lo cual había sido aducido por las cementeras.

"La actuación del Ministerio Público Fiscal, como órgano requirente, se inspira en un criterio objetivo de Justicia, lo cual supone que carece de un interés propio, subjetivo o personal en el proceso, pero no significa que debe ser imparcial", explicaron los jueces.

 "Los fiscales deben ajustar su actuación a la ley pero no están sujetos a exigencias de imparcialidad en el sentido y extensión en el que ésta se concibe como atributo del juez o tribunal como garantía judicial, sino a las reglas de objetividad y lealtad en su actuación", añadieron.

   Por ello, para los jueces "no se advierte en la actuación del señor fiscal general conculcación a los principios que guían la actuación de su ministerio".

Las multas contra las empresas fue impuesta por el Ministerio de Economía al señalar que las empresas cementeras se pusieron supuestamente de acuerdo para mantener precios elevados de sus productos.

 Las firmas multadas son Loma Negra (con 138,7 millones de pesos), Juan Minetti SA (con 100,1 millones), Cementos Avellaneda SA (con 34,6 millones), Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (con 6 millones), Cemento San Martín SA (con 28,5 millones) y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland (con 520 mil pesos).

 La mayoría de las multas fueron confirmadas tiempo atrás por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, pero las defensas apelaron a la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación.

En diciembre pasado, la Sala IV anuló un fallo que había dejado sin efecto las multas, al considerar que previamente no se le había dado intervención al Ministerio de Economía en la causa.