En la misma, Mariotto consigna que la Provincia ya adhiere a esa norma desde 2002 y que, por lo tanto, un nuevo tratamiento es "innecesario".

Sin embargo, la norma a la que se refiere el Vice no adhiere a todos los artículos de la ley nacional, sino a los 8; 9 y 10, conocida como “ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario”, y que dan de baja la igualdad entre pesos y dólares para los contratos públicos, autoriza al Ejecutivo a renegociar los contratos afectados y ordena a las compañías prestadoras de servicios continuar con sus obligaciones.

Mariotto nada especifica sobre el artículo 2º del proyecto enviado por Alberto Pérez, que establece que la ley “se aplicará al sector público provincial previsto en el artículo 8º de la ley Nº 13.767, quedando alcanzadas las unidades ejecutoras, los consorcios portuarios y cualquier entidad del sector público provincial de carácter productivo, comercial, financiero o de servicios públicos, aun cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieren una inclusión expresa para su aplicación”.

Estipula también que “se aplicará a aquellos entes en que el Estado provincial se encuentre asociado con uno o varios municipios. Quedan comprendidos en la emergencia los poderes Legislativo y Judicial”.

Esto se convierte en un punto más, en la escalada de confrontación que protagonizan el gobernador y su vice, desde el pasado 10 de diciembre que comenzó con la represión durante la asunción de los mandatarios a militantes de la agrupación La Cámpora.