Cantidad de ciudadanos escolarizados, detallando niños, niñas, adolescentes y mayores; Cantidad y porcentaje de alumnos que han completado el ciclo de 10 años de escolaridad.; Porcentaje de niños, niñas y adolescentes escolarizados comparando franja etaria, discriminado por establecimientos público, privado y con doble jornada; Porcentaje de inclusión en nivel inicial de niños y niñas de 5 años.

Además, solicita se informe tasa de analfabetismo en jóvenes y adultos, discriminada por sexo, edad y situación económica; Cantidad y porcentaje de alumnos con enseñanza de segunda lengua como materia obligatoria, discriminados por tipo de establecimiento y por edades; Cantidad de establecimientos dedicados a educación técnica y formación profesional, con cantidad de alumnos, porcentaje en la matricula total y nivel de enseñanza; Montos aportados por la provincia de Buenos Aires al Fondo de Financiamiento Educativo y qué porcentajes representan del total nacional.

 “La Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 sancionada a fines del año 2005 significó un gran avance en materia educativa. Su principal objetivo era alcanzar el 6% del PBI destinado a Educación para 2010, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos para garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica en nuestro país”, explicó Tunessi.

En el texto de la Ley sancionada se proponen determinados objetivos concretos que impulsarían una mejora en la calidad educativa. Entre ellos se destacan:

La inclusión en el nivel inicial del 100% de los niños de 5 años de edad;

La garantía de un mínimo de 10 años de escolaridad para todos los jóvenes, con un mínimo de un 30% de alumnos con acceso a escuelas de doble jornada (priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas)

La promoción de estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar de niños y jóvenes que vivan en hogares por debajo de la línea de pobreza

La reincorporación o inclusión de jóvenes no escolarizados en los niveles medios.

La erradicación del analfabetismo en jóvenes y adultos

Transformaciones pedagógicas para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo nacional

Incorporación de tecnologías de información y comunicación y la extensión de la enseñanza de una segunda lengua

El fortalecimiento de la educación técnica y la formación profesional vinculándola con la producción y el trabajo.

Mejora de condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles.

  “A su vez, se establece por al plazo de 5 años una asignación especifica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional.

El monto total anual de la afectación referida será el equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el PBI. La asignación específica correspondiente a cada provincia se efectuará conforme a un índice que se elaborará anualmente en función de los siguientes criterios:

a) Un 80% de acuerdo a la participación de la matrícula de cada jurisdicción en el total de los niveles inicial a superior no universitario, correspondiente a todos los tipos de educación.

b) Un 10% por ponderación de la incidencia relativa de la ruralidad en el total de la matrícula de educación común de cada jurisdicción

c) Un 10% por ponderación de la participación de la población no escolarizada de entre 3 y 17 años de cada jurisdicción en el total”

 “La significativa merma de los ingresos municipales para el ejercicio 2012, está directamente relacionada con la aprobación que impuso el oficialismo del presupuesto nacional 2012, sin que se hayan previsto fuentes alternativas de financiamiento paliativas de la quita”, señaló Tunessi.

Remarcó que “la educación es prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. Pero no es justo ni razonable que sean los estamentos municipales quienes sean los que financien el sistema y se perjudiquen con la mala reasignación de recursos coparticipables”.

Es por las razones expuestas que solicitamos se brinden estos informes, con el fin de contar con información clara y precisa de cómo es la situación del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires y como se financia”, concluyó Tunessi.