Con la lectura de la síntesis de nueve requerimientos de elevación a juicio, comprendidos en este debate oral público que tiene a 28 acusados por secuestros, torturas, desapariciones y homicidios de 37 víctimas, se dio inicio al segundo juicio por los crímenes cometidos en el ámbito de actuación de la Subzona 12, en el centro de la provincia de Buenos Aires. El próximo 31 de agosto se retomará la lectura de la acusación fiscal.

Durante la audiencia, los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, imputados, familiares y víctimas, escucharon sobre los casos de secuestros de madrugada y a plena luz del día; patotas que ingresaron armadas a casas particulares, irrumpieron en un estudio contable, aguardaron en un hotel, interceptaron en la terminal o en la vía pública; y cómo las víctimas encapuchadas fueron subidas a los autos de los operativos, que se desarrollaron entre noviembre de 1976 y febrero de 1978, en plena dictadura cívico militar. El derrotero fue por distintos centros clandestinos de detención, donde los interrogatorios eran bajo sesiones de tortura. En medio, el robo de bienes, el secuestro de una beba que fue luego abandonada en un hospital, simulacros de fusilamiento, una violación. De la causa se desprende que las víctimas fueron buscadas acusadas de ser “extremistas”, por ser parte de un centro de estudiantes o militar en una agrupación política. Algunas venían escapando de La Plata.

De acuerdo a la instrucción de la causa, son cinco los centros clandestinos de detención por donde pasaron las víctimas, enmarcados en el circuito represivo ilegal que operó en la Subzona militar 12 y abarcó los distritos bonaerenses de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul. Se trata de la Comisaría de Olavarría; el Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría; la Brigada de Investigaciones de Las Flores; Monte Peloni, un establecimiento rural ubicado en Sierras Bayas; y La Huerta, el campo General Mariano Necochea, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil, a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada.

De los casos a juzgarse, que reúnen a 37 víctimas, ya han sido juzgados 21 en el primer tramo del juicio, que terminó –a fines del 2014- con la condena a prisión perpetua de Ignacio Aníbal Verdura, Walter Jorge Grosse y Omar Antonio Ferreyra, y con 8 años de prisión para Horacio Rubén Leites.

En esta segunda parte del juicio denominado “Monte Peloni” llegaron a debate oral y público Walter Jorge Grosse, Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Ignacio Aníbal Verdura, Edgardo Mariano Viviani, Juan Carlos Cabrera, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Horacio Rubén Leites, Francisco Oscar Sarmiento, Argentino Alberto Balquinta, Juan Carlos Gurrieri, Carlos Rubén Bruno, Roberto Manuel Fantini, Eduardo Héctor Bernadou, José Clemente Forastiero, Oscar José Bardelli, Julio César Tula, Héctor Rubén Rinaldi, Carlos Alberto Saini, Enrique Vázquez, Juan Carlos Luján, Raúl Ángel Córdoba, Carlos Alberto Muñoz, Alberto Santiago Padilla, Roque Ítalo Pappalardo, Néstor Omar Vapore, Román Valdecantos y Luis Alberto Juárez. Los delitos que se imputan son privación ilegítima de la libertad, tormentos, coacción, abuso sexual, desaparición forzada de personas como delito contra la vida y homicidio.

La causa había llegado a debate oral y público con 31 acusados, pero tres de ellos fueron apartados por cuestiones de salud: Jorge Liberto Odorisio, Luis Oscar Calcagno y Luis Alejandro Seambelar.

El Ministerio Público Fiscal está representado por María Ángeles Ramos, fiscal federal integrante de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Juan Manuel Portela, fiscal federal de Necochea; y María Eugenia Montero, fiscal ad hoc de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos en Mar del Plata. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires –representada por Manuel Marañon y Rodrigo Cuesta- y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Azul actuarán como querellantes.