La aplicación de un nuevo sistema informático para la gestión de expedientes en la administración pública provincial, impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal, se convirtió en blanco de quejas y reclamos por parte de proveedores del Estado, que aseguran que hubo “improvisación” y falta de capacitación del personal, por lo que se producen demoras en los pagos, entre otros inconvenientes.

El conflicto tuvo como primer escenario el IOMA, la obra social del Estado provincial. Los problemas en la puesta en marcha del nuevo sistema generaron desde principios de año retrasos en los pagos a médicos, farmacéuticos, odontólogos y acompañantes terapéuticos, entre otros.

Pero en rigor, las complicaciones vienen afectando a todo el universo de la administración pública de la Provincia y su vínculo con proveedores de bienes y servicios.

En el eje de la polémica está el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (Sigaf), presentada por la Provincia como una herramienta de gestión y seguimiento de la ejecución y calidad del gasto.

Se trata de un sistema informático que comenzó a ser utilizado por todas las dependencias del Estado provincial y que permite, entre otras cosas, el seguimiento de los expedientes, las órdenes de compra y la ejecución presupuestaria de cada una de las áreas.

El Sigaf debutó en el año 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por decisión del entonces jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman. Luego, su sucesor en el cargo, Mauricio Macri, decidió continuar con el sistema, que trajo a la Provincia María Eugenia Vidal tras su desembarco en la Gobernación.

A poco de su estreno en la Provincia, el Sigaf comenzó a ser blanco de quejas por las demoras, que muchos atribuyen a la falta de capacitación del personal para el uso de un sistema informático que prevé, por ejemplo, hasta 25 instancias de carga de datos para una orden de pago.

Los proveedores explican que, por caso, en algunos organismos no les permiten presentar facturas para ser ingresadas al sistema porque no figuran las órdenes de compra.

Eso genera, a su vez, demoras en los pagos por lo que los proveedores enfrentan serias complicaciones.

“En algunos casos las demoras ya llevan 70 días y afectan a todos los rubros”, explicó en diálogo con este diario el presidente de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia (Femape), Rodrigo Ducha.

En efecto, los reclamos que surgieron primero del sector de salud por las demoras en IOMA fueron extendiéndose a todas las áreas del Estado.

Y ya generan situaciones inesperadas. Por ejemplo, en las pequeñas cooperativas eléctricas del interior de la Provincia, desde donde denuncian que el Sigaf viene demorando el giro del Fondo de Compensaciones Tarifarias que antes liquidaba el Oceba. Esos retrasos, dicen, podrían incluso poner en peligro la provisión del servicio eléctrico.

Frente a los reclamos, desde el gobierno de la Provincia salieron a defender el Sigaf, aunque reconocieron “algunas complicaciones lógicas” en el cambio de sistema.

“Estamos yendo a un sistema de administración financiero de los recursos que nos está permitiendo un mejor control y seguimiento de los gastos, lo que significa más transparencia. Es un camino que iniciamos y que ya no tiene vuelta atrás”, dijeron voceros de la Gobernación.

En ese marco, dijeron que están trabando “para resolver los problemas lógicos de pasar de un sistema que implicaba llevar expedientes en carretilla a uno del siglo XXI”.

“Nosotros acompañamos el cambio hacia un mejor sistema, que permita mayor transparencia y celeridad en la administración de bienes y servicios. Pero exigimos al gobierno de la Provincia que funcione correctamente a la brevedad”, dice Ducha, titular de una entidad que en los últimos días se convirtió una caja de resonancia de las quejas de los asociados.

“Según nos explican, el 50 por ciento de los problemas que surgen tienen que ver con desconocimiento de los funcionarios, el 30 por ciento por fallas del sistema en sí y el otro por ciento por ajustes que se fueron haciendo. Lo cierto es que el sistema se cae, hay errores de carga que retrasan los trámites y las demoras ya llegan en algunos casos a los 70 días”, afirma el dirigente. Y agrega: “Se están ocupando. Nosotros esperamos que se solucione cuanto antes”.

FUENTE: EL DIA