La provincia de Buenos Aires resolvió este jueves  declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en quince distritos afectados por las inundaciones, así como la prórroga en otros dos.

La decisión fue tomada al término de la reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDEBA), convocada por el desastre que está causando el agua en los campos bonaerenses.

Sin embargo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), agrupamiento que nuclea a las entidades que estuvieron representadas en la reunión, exigió nuevamente la firma de los decretos que convaliden las Actas de Emergencia agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. Así lo consignó la entidad que dirige Horacio Salaverri, en un comunicado después de la reunión de la CEDEBA.

Los ruralistas exigen que, sin el decreto, "las actas sólo alcanzan para diferir temas con el Banco Provincia, pero no permiten lo mismo con ARBA, ni tratarse la emergencia a nivel nacional".

El vicepresidente de Carbap, Juan Balfour, manifestó que "no alcanza con monitorear sino que hay que actuar, firmando los decretos que avalen las actas que datan de hace tres meses, porque están llegando boletas de ARBA de campos que están bajo el agua, sin producción, con enormes pérdidas y el productor se ve imposibilitado de acogerse a la emergencia porque los decretos no están firmados: es una burla".

Las entidades rurales que hicieron relevamiento de la zona afectada estimaron que hay unas diez millones de hectáreas bajo el agua. Según el cálculo, las pérdidas materiales ascenderían a unos 4.800 millones de pesos.

El encuentro de este miércoles  fue encabezado en La Plata por el ministro de Asuntos Agrarios Gustavo Arrieta, y contó con la asistencia de dirigentes ruralistas de distintas asociaciones.

"Debemos mantener abiertos los canales de comunicación para agilizar al máximo los plazos técnicos y administrativos", explicó Arrieta, que además dispuso mantener en "asamblea permanente" a la mencionada Comisión, que es la encargada de elevar a estado de emergencia y/o desastre tras el pedido formal que deben realizar los municipios.