En un carta enviada a LU32, firmada por el Fray Alberto Javier Fontana, apoderado de la Orden y sindicado como el responsable de las negociaciones con la Dirección General de Escuelas de la Provincia, que además ha tenido un paso por la sede local de los Franciscanos hace algunos años, explican su visión del tema y adelantan que los abogados ya están trabajando en un respuesta legal a las acusaciones “falsas, calumniosas e injuriosas”.

Respecto a lo dicho por Latorre en el aire de la Radio y en el Concejo, el fraile afirma que son imputaciones “falaces, calumniosas y sin fundamento legal alguno” y que las desconocen, ya que “...no existe ninguna defraudación ni al Estado Provincial ni a ningún ente público ni privado ni a los alumnos. Tampoco existe ni existió ningún reclamo formal a la Orden Franciscana por parte de las autoridades del Instituto 22 de Formación Docente, ni del Consejo Escolar, ni de la Dirección General de Cultura y educación de la Provincia de Buenos Aires por el uso de las instalaciones del edificio donde también funciona nuestro Colegio San Antonio de Padua”. Agregan que Latorre “no es parte integrante de ninguna de las entidades mencionadas precedentemente”.

En el caso del uso conjunto entre el ISFD 22 y Lomas de Zamora, los frailes indican que está “establecido y delimitado el uso de las instalaciones para cada uno dentro de los más de 7.000 metros cuadrados que cuenta el Colegio San Antonio”, con lo que descartan problemas de convivencia.

En referencia al pago de los servicios por parte de Estado a la institución educativa, explican que “han sido las condiciones de contratación atento el escaso valor locativo asignado en el contrato”, ya que se fijo un “valor locativo muy bajo que actualmente con el efecto de la inflación es notoriamente menor al de un alquiler de un departamento de dos ambientes”, sostuvieron.

Concluyen adelantando que “Atento las graves acusaciones falsas, calumniosas e injuriosas vertidas por los concejales Latorre y Alicia Almada respecto de La Orden Franciscana y el Colegio San Antonio de Padua, la Orden ha derivado el caso a nuestros abogados quienes iniciarán las acciones legales correspondientes contra los mencionados concejales, dado que sus graves acusaciones han difamado infundadamente a nuestra institución que es muy reconocida y querida en la Ciudad de Olavarría por su obra de Paz y Bien para con toda la comunidad”.

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