El primer proyecto tiene por objeto manifestar la preocupación generada por la inminente suspensión del servicio alimentario escolar en la ciudad de La Plata, situación que se generalizaría al resto de los servicios en la Provincia, ante la imposibilidad expresa por parte de sus empresas proveedoras, de continuar sosteniendo el costo financiero de brindar sus servicios a un Estado que le adeuda al menos ocho meses de pago, mientras ellos continúan cumpliendo con sus obligaciones laborales e impositivas y tratan de evitar el colapso de la cadena de pagos con los trastornos que implicaría para la comunidad toda.

Numerosos Consejos Escolares reclaman estar expuestos a estos atrasos en forma constante, a pesar de la disponibilidad de fondos otorgada por el presupuesto, la previsibilidad del gasto y el lapso que el procedimiento administrativo establecería para su efectivización.

 “Tomar el servicio alimentario escolar como variable de ajuste sumado a la presión inflacionaria implica, asimismo, la reducción del valor nutricional y la calidad de los alimentos provistos”, fundamenta la iniciativa.

Tal como ha trascendido en medios periodísticos de la capital bonaerense, la Provincia mantiene deuda con los prestadores del Servicio Alimentario Escolar (SAE) desde el mes de Abril. Además están pendientes de pago los meses de Diciembre de 2011, y Enero y Febrero de 2012. Concluyendo el Ejecutivo provincial sólo abonó el mes de Marzo y la mitad de Junio superando lo adeudado la suma de 330 millones de pesos.

El segundo proyecto, en tanto, se refiere al incumplimiento del aporte de los fondos correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que están afrontando las Casas del Niño de la ciudad de La Plata, dedicadas a asistir niños con diverso grado de vulnerabilidad, a quienes brindan desayuno, almuerzo, merienda, apoyo escolar, asistencia familiar y vestimenta, entre otros servicios.

Es en este contexto que se da el cierre de la Casa Esperanza, donde asistían cerca de setenta niños de entre 2 y 5 años, ante la imposibilidad de sus trabajadores de continuar realizando sus tareas luego de cinco meses de carecer del financiamiento citado.

 Ello, a pesar de contar el Ministerio con la asignación presupuestaria específica del programa Unidad de Desarrollo Infantil (UDI) que sirve para afrontar sueldos, pago a proveedores y diversos gastos para asistir a los chicos.

Cabe mencionar asimismo que, tal como se expuso en el proyecto F 76/ 12-13, los fondos del mencionado programa fueron utilizados para la compra, impresión y distribución de las llamadas “Mochilas Solidarias”, objetadas entonces tanto por su carga estigmatizante, como por su uso propagandístico.

Según información recogida de diversas fuentes periodísticas, desde Desarrollo Social indicaron que “no tenemos registrado oficialmente que se haya hecho el pedido de cierre y desvinculación con esta cartera por parte de alguna Casa del Niño. Reconocemos la deuda y a este hogar en especial se le pagaron dos de los cinco meses adeudados. En total, con estos hogares hay una deuda de 47 millones de pesos, de los cuales en octubre, se estima, se terminarán de pagar 40 millones en cuotas”. En similar situación crítica a la expuesta por Casa Esperanza se hallan las casas del niño Encuentro y Abriendo Caminos, de City Bell; Arco Iris y Del Sol, de Villa Elisa; Cielo Azul, de Ringuelet y Casa del Angel, de Tolosa.