LOCALES
28 de enero de 2021
La Sociedad civil de Venezolanos en Olavarría de la respuesta judicial
En rechazo al crimen de violación, cometido Buenos Aires en contra de la ciudadana venezolana dada por la juez de la causa, cumple con el deber moral de extender el presente comunicado
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Por medio del presente nos dirigimos al pueblo Argentino, a la sociedad civil en general, al Estado Argentino y en especial a los entes gubernamentales a los cuales les corresponde velar por la justicia y el bien común de todos los que conformamos esta gran nación, para rechazar de la manera más categórica, el aberrante delito de violación cometido en contra de la ciudadana de nacionalidad Venezolana de apenas 18 años de edad, por el ciudadano de nacionalidad Argentina de nombre: Irineo Garzón Martínez, de la forma más vil y cobarde, aprovechándose de la necesidad de trabajo de la víctima e induciéndola a través del uso de una droga para poder cometer el crimen y tener acceso carnal con la víctima. Igualmente rechazamos la respuesta y el tratamiento judicial, dado por la juez de la causa Dra. Karina Zucconi, en virtud de que aun habiendo sido conseguido, por los funcionarios policiales, en situación de flagrancia, en el momento en que cometía el hecho punible, sin embargo, dicha juez resolvió mantener la libertad del imputado, ordenándole presentarse ante el tribunal entre los días 1 al 10 de cada mes, le dictó prohibición de salida del país y trabó embargo sobre los bienes personales del imputado por la cantidad de 90.000 pesos, razón por la cual rechazamos de la manera más contundente, por cuanto consideramos que la misma es inapropiada ya que pone a un delincuente y depredador sexual en la calle, vulnerando los derechos, no solamente de la víctima, sino de toda persona del sexo femenino que pueda caer en las garras de este criminal, desproporcionada la medida judicial, ya que no se compagina la magnitud del delito cometido con la medida otorgada por la juez, injusta, en virtud de que por la tipificación del delito no corresponde dicho tratamiento procesal, por consiguiente, consideramos violatoria de derechos fundamentales la medida otorgada por la juez y rogamos a los organismos competentes tomar las debidas diligencias del caso por lo que hacemos un llamado a toda la sociedad civil y al pueblo en general a hacerse parte de esta protesta pacífica pero contundente, pública y esperanzada en que por el bien del país y por la aplicación de una mejor administración de justicia, se tomen los correctivos necesarios de manera tal que redunde en lograr una mejor seguridad jurídica para todos los que hacemos vida en esta gran nación.
Sociedad Venezolana en Olavarría!