Los disertantes que conformaron el panel de la Charla fueron consejeros de la Magistratura nacionales y provinciales e integrantes de la asociación Será Justicia. La Dra. María Eugenia Tararico, integrante de la asociación Será Justicia y del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, moderó la mesa de disertaciones que integraron los Dres. Daniel Ostropolsky, abogado consejero en el Consejo de la Magistratura de la Nación; Ricardo Recondo, juez de la Cámara Civil y Comercial Federal consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación; Antonio Carabio Presidente del Colegio de Abogados de San Isidro miembro del Consejo de la Magistratura provincial; y Guillermo Lipera, presidente de la agrupación Será Justicia.
Luego de las palabras de presentación de los panelistas invitados a cargo del presidente del Colegio anfitrión Dr. David Cordeviola y de la Dra. María Eugenia Tararico, tomó la palabra el Dr. Antonio Carabio quien en primer lugar agradeció al Colegio de Abogados de Azul su compromiso y organización de la Charla como “demostración de militancia gremial por los derechos de todos” ya que “en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires hemos decidido realizar este tipo de actividades para alertar a quienes tienen el poder de decisión sobre las consecuencias que puede traer la modificación del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires con un proyecto que ya aprobó el Senado”.
Carabio explicó que “la Constitución de la provincia dice que este Consejo que elige a los magistrados del país y de las provincia tiene que estar constituido en forma equilibrada en una conformación estamentaria en la cual está el estamento político con representantes del poder legislativo, el estamento del poder judicial y el estamento de los abogados”. Y agregó que “esta composición debió ser equilibrada. El equilibrio hoy no se da. Hoy el sector político tiene diez representantes, cuatro los jueces contando al miembro de la Corte de la provincia y cuatro los abogados. Esto provoca un desequilibrio en tanto y en cuanto el manejo de esa cantidad de votos al momento de la conformación de ternas establece una mejora para el estamento de la política. En consecuencia, entendemos que el artículo 175 de la Constitución provincial actualmente no se encuentra en plena vigencia”.
Entre otros conceptos, relató cómo se enteraron a través “del diario que se había aprobado, ni siquiera que se estaba discutiendo, en el Senado la disminución de nuestra participación de cuatro a dos consejeros abogados por lo cual advertimos rápidamente que la movida que se jugaba era exactamente igual a la que había sucedido en el orden nacional. Esto significa que para la provincia de Buenos Aires vendrá lo que sucede en el ámbito nacional: vacantes sin cubrir, exámenes donde la gente opina sobre el examen del otro. De tener un órgano que funciona, que genera 200 ternas anuales promedio nos vamos a convertir en un órgano que va a obstaculizar el servicio de Justicia”.
A continuación, el abogado Carabio, tomando como ejemplo el fallo del caso Marita Verón advirtió que “la independencia de los jueces es lo que está en juego: la selección de los jueces tiene que garantizar que estos puedan soportar las presiones y dictar sentencia conforme a su convicción, esto es lo que en la provincia de Buenos Aires está en riesgo y es por lo que tenemos que salir a militar golpeando las puertas de legisladores, de políticos, de quienes forman opinión para contarles lo que va a ocurrir en la provincia”.
Le siguieron en segundo término las reflexiones del Dr. Daniel Ostropolsky quien expresó gratitud hacia el Colegio departamental y sobre la situación del Consejo de la Magistratura, que nació con la reforma de la Constitución en 1994, recordó que en el año 2006 con la nueva ley del Consejo de la Magistratura de la Nación, impulsada y redactada por la actual presidenta cuando era senadora, “al marginar a los abogados de la comisión de selección se ha privado la voz de los que son los intermediarios entre la ciudadanía y el Poder Judicial para poder aportar la experiencia y las nociones que tienen acerca de las calidades y perfiles que tienen que tener los jueces. Antes la comisión de selección tenía doce miembros de los cuales cuatro eran abogados. Ahora ningún abogado la integra. Entonces en todo el proceso de selección y concurso, que nace a partir de la comprobación de una vacancia con la creación de los juzgados se genera una lista de jurados y de allí se sortean quiénes van a ser jurados, se ordena la inscripción y a partir de la inscripción se califican antecedentes o trayectoria o especialidad, después se rinde un examen escrito y a raíz de una reforma del año pasado se rinde un examen oral, se mantienen entrevistas con los postulantes y en todo este proceso los abogados no participamos ni tenemos la posibilidad de votar en esta instancia. Por lo que quienes realicen este proceso establecerán el perfil del profesional seleccionado para el cargo vacante. Si pensamos que la Justicia tiene que mejorar no podemos solamente dejar en manos de quienes están actuando en la Justicia porque hay una tendencia a reproducir el modelo existente”.
Luego agregó que “para poder aprobar una terna en la comisión con la mayoría simple que tiene el sector oficial alcanza pero la ley dice que esa propuesta de terna tiene que ser aprobada por el plenario, o sea los trece miembros y ya no alcanza con una mayoría simple sino que se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes es decir de trece miembros se necesitan nueve” por lo que “se necesita reformar el sistema de selección para que, entre otras cosas, los abogados tengamos la misma posibilidad de ingresar a la Justicia como la tienen los que son empleados de la Justicia”.
En relación al funcionamiento de la comisión de disciplina y acusación del Consejo de la Magistratura opinó que “si bien ha habido una mayor producción porque la mayor cantidad de denuncias son de gente que está desconforme con el carácter de un fallo y entonces se hacen aproximadamente unas 300 denuncias anuales de las cuales la gran mayoría se desestiman en forma inicial, pero se advierte que como todos los trámites de las denuncias son manejados por la mayoría oficial hay muchos casos en los cuales aún cuando corresponda la desestimación de una denuncia se la mantiene esperando que el juez haga lo que quiere el ejecutivo”.
También manifestó su apoyo a Ricardo Recondo recibiendo aplausos de los asistentes a la charla luego de haber afirmado que fue uno de los afectados por estos “métodos de presión” por parte del poder oficial que le ha hecho “denuncias sin ningún tipo de sentido” para que “tuviera que cambiar su opinión” y que “obviamente el Dr. Recondo no cambió para nada y es por eso la andanada de vituperios y pretensiones de descalificación que solamente una persona con su entereza puede soportar y que sigue luchando de la misma manera”.
Concluyendo con su disertación narró cómo “en un concurso de mucho interés para el oficialismo que quería que se aprobara la terna tal como venía, cinco consejeros no estábamos de acuerdo en aprobar la terna en forma acrítica sin discutirlo y esto hizo que el ministro de Justicia concurriera a la sala del plenario del Consejo de la Magistratura a dar una conferencia de prensa rodeado de dos consejeros del sector judicial y prácticamente nos dijo que nos iban a hacer una denuncia penal y así fue. Nos imputan abuso de poder siendo nosotros la minoría. En consecuencia, ese plenario no se hizo nunca porque el sector oficial no concurrió y no dio quórum, porque no solamente quieren que cambiemos el voto sino que no admiten ni que se discuta”.
Continuó el Dr. Ricardo Recondo primeramente agradeciendo los aplausos de apoyo del público y luego desarrollando su exposición comenzando con una explicación del concepto de democracia, república, representación y federalismo y enunciando que “los últimos garantes frente a la ciudadanía del abuso del poder somos los jueces, que los habitantes del país puedan ejercer sus derechos y no sean vulnerados por quien incidentalmente es un inquilino en el uso del poder” y que “influye mucho aquí la independencia que el Poder Judicial debe tener respecto de los otros poderes del Estado”.
Con respecto a la independencia de los jueces dijo que “se tiene que observar desde tres aspectos. En primer lugar, la independencia del juez frente al exterior del Poder Judicial, o sea frente a los poderes políticos, económicos, mediáticos, cualquiera que sea. La segunda independencia del juez tiene que dirigirse para dentro del propio Poder Judicial, porque si bien puede decirse que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial estamos hablando de un sentido de representación y administrativo porque cada juez en sí mismo es el Poder Judicial (…) y la tercera y última característica que debe tener un juez independiente es también ser independiente de sí mismo, porque todos los seres humanos venimos cargados de prejuicios y experiencias y en el momento de dictar sentencia tiene que liberarse de eso y ser imparcial”, culminó su reflexión el juez Recondo recibiendo un aplauso prolongado.
Por último, el Dr. Guillermo Lipera describió su opinión sobre qué deberían hacer los abogados para intentar cambiar la realidad y cuáles son los roles y herramientas que tienen, y también sobre la situación actual y cómo se ha llegado a la misma enumerando las acciones que encabezó la asociación Será Justicia para intentar evitarla.
Criticando la falta de participación de los abogados, comentó sobre “qué hicieron los abogados cuando tuvieron la oportunidad de votar para la representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación”, situándose en el ejemplo de los abogados del Colegio Público de Abogados de la CABA, y dijo que “podían votar 43 mil abogados y votaron 9900 profesionales”.
Y entre otros conceptos comentó que “las tres entidades: Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires, Asociación de Abogados y Colegio Público impusimos demanda de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura que rompió el equilibrio en el 2006, ley redactada por la presidente de la nación que en ese momento era senadora. La Corte Suprema tiene desde el año 2006 cajoneados estos expedientes y hace dos años pedimos pronto despacho y lo volvimos a pedir y nada. Entonces me pregunto si la Corte hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera declarado inconstitucional esta ley en el 2008 o 2009 aproximadamente cuánto lío nos hubiéramos ahorrado porque ninguno tendría el 33 % para vetar nada en el Consejo de la Magistratura y le hubiéramos puesto límite al Poder Ejecutivo y la Corte no se lo puso, la Corte es responsable de lo que está pasando”.
Finalmente, en el cierre de la actividad se hizo lugar al debate que resultó enriquecedor y participativo y se extendió por aproximadamente una hora más