Dicha modificación es impulsada por el Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez, y “el objetivo es el de garantizar y reforzar los derechos de las personas que pueden verse sometidas a una potencial intervención quirúrgica de extracción de órganos”, explicaron desde el bloque Foro Olavarría - Frente Renovador en Unión por la Patria.

“El cuerpo humano no tiene un valor económico ni sus partes pueden ser objeto de libre disposición por sus titulares”, sostuvieron la concejala Inés Creimer y el Concejal Gastón Sarachu, explicando que la venta ilegal de órganos está vinculada con “la escasez” y que esto “implica que hablemos de valores extremadamente onerosos: diez mil a ciento cincuenta mil dólares por órgano”.

“Las estadísticas indican que cada 27 minutos en el mundo alguien recibe un trasplante y cada 2 horas y 24 minutos alguien muere y permite un trasplante ético”, analizaron Creimer y Sarachu.

Por último, afirmaron que “este proyecto busca afianzar y garantizar el sistema legal argentinos de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales, e incorpora como delito agravado la subasta física y en red de órganos, así como también el turismo de comercialización e implante de órganos, ya que de ahora en más no sólo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente