Indicó en primera instancia que es un sistema que no tiene ‘cultura’ en Argentina, y que en los países en los que funciona desde hace tiempo, tiene muchos inconvenientes. “Tenía sentido hace tiempo, para limitar el poder de las monarquías, pero ahora no”, contó.

Aseguró que se pone el juicio “en manos de personas que no son profesionales, que carecen de conocimiento, que tienen dificultades para entender de qué se trata el procedimiento, para discernir cuál es la prueba relevante”. Como consecuencia, dijo, los veredictos son “absurdos o polémicos”.

Otra falla que encontró  el magistrado es que la ley –en la Provincia de Buenos Aires-  fue legislada de modo tal que de absolverse o beneficiarse el imputado, el fallo del jurado no se podrá revisar. “Como para redondear, y a propósito, lo que hicieron fue que solamente el imputado el que pueda elegir el juicio por jurado”, sentenció, al tiempo que añadió que cuesta mucho dinero realizarlos.

En otro orden, explicó cómo se realiza el sorteo para convocar a los jurados. Aclaró que convocarlos suele ser muy difícil ya que la mayoría “no concurre”.

En línea crítica, calificó como perverso al sistema porque  está hecho en contra de las víctimas. “Es un sistema caro, que además no aporta una mejor calidad de justicia”, sostuvo.

Consideró que la única manera de ‘cortar’ con esto es que se derogue la Ley 14.543 de Juicios por Jurados. “La ley no trae beneficios, son todos perjuicios y algunos graves porque hay injusticias que no se pueden corregir”, explicó.

Asimismo, indicó que también se puede restringir la ley para determinado delito, además de que podría otorgarse el poder de que la víctima pueda decidir. Manifestó, también, que  la determinación de que sea el imputado el que decida la forma del juicio, fue una decisión política.

“El jurado popular dentro de una audiencia de debate, dentro de un juicio oral, es un peligro”, concluyó.