En el comunicado, emitido el viernes pasado el mediodía, menciona la Oficina del Presidente que “Hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”.

Esto podría calificarse como llamativo, ya que la empresa tiene al frente, desde el inicio de la gestión de Javier Milei a José Luis Acevedo, que tenía a cargo AUSA, empresa propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que gestiona nueve autopistas que circulan dentro de los límites porteños.

La gerencia de mantenimiento, conservación y obras de Corredores Viales la tiene Axel Gustavo Fernández de Prado, hombre que entre el 2004 y el 2017 permaneció en el OCCOVI, organismo que controlaba las concesiones viales del país; que en 2018 tuvo un corto paso por Vialidad Nacional, y luego se desempeñó en empresas privadas que hacen obras viales hasta el 2023.

Recordemos que el ex intendente Ezequiel Galli es el gerente de Relaciones Institucionales de Corredores Viales. El mismo ha mantenido encuentros con intendentes de distintos puntos en esa función y que, en sus redes sociales personales suele compartir contenidos de lo que hace la empresa de la que forma parte. Cuando se conoció el nombramiento, se lo relacionó a gestiones del Diputado Nacional, Diego Santilli.

Para la administración de Javier Milei, que en los últimos meses del 2024 autorizaba subas mensuales del costo de la tarifa del peaje que percibe la empresa pública, “no es el rol del Estado la gestión de las autovías. Desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje”.

Vale decir que desde la década del ‘90 el mantenimiento, y las obras, de este y otros corredores están en manos de empresas que cobran peaje.

La primera fue Caminos del Abra, que sostenía la traza de ruta 226 entre Mar del Plata y Bolívar. Luego fue mutada a Rutas al Sur, que cambió luego a CV1 en el 2010 (aquí también es cuando cambia la composición de las rutas incluídas en el corredor vial y se suman la 3 y la 205, que tenían otros concesionarios). Cuando se licitaron los proyectos PPP, comenzó a llamarse Cruz del Sur. Todas estas diferentes denominaciones se trataron de empresas o uniones transitorias de empresas privadas, que debían ser controladas por el Estado Nacional.

En el 2020, en ocasión de concretarse la creación de Corredores Viales, el entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, mencionaba “el mantenimiento ha sido deficitario, donde en general no ha habido ninguna obra importante en cuanto a la repavimentación o la mejora de estos caminos”, algo muy similar a lo expresado por la Oficina del Presidente Milei en este 2025.

En aquel año, Corredores Viales comenzó a operar diez tramos en distintos puntos del país que estaban en manos de las empresas, que se habían promovido en ocasión de la PPP y que no habían hecho las obras comprometidas.

En la comunicación del gobierno de Milei se informa que se asistió en el año 2023 con 301 mil millones de pesos a la empresa estatal, pero no se informa cuánto “puso” el Estado Nacional en 2024, cuando se comenzaron a dar los incrementos de tarifa mensuales.

Pese a ser parte de su composición societaria, la Dirección Nacional de Vialidad es la responsable de controlar las acciones de mantenimiento y obras que realiza Corredores Viales SA.

Desde la Nación, hace algunas semanas, también se indicó que las nuevas concesiones viales iban a darse solo para mantenimiento de rutas y no para obras. Esto quiere decir que las empresas que resulten ganadoras de las licitaciones, deberán mantener las rutas con lo que recauden con los peajes.