JULIETA CAMANDONE Buenos Aires

Mientras se cultivan los últimos lotes de soja en el país, dando por concluida la campaña agrícola 2011/12, no hay novedades del proyecto oficial de seguro agrícola para todos, que prometió el Ministerio de Agricultura, Norberto Yauhar, por mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por el contrario, y según adelantó El Cronista, la oposición presentó en sociedad su proyecto de Seguro Básico Agropecuario y Forestal (BAF).
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), junto con Juan Casañas (UCR- Tucumán), Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), Lucio Aspiazu (UCR-Corrientes), Hilma Re (CC-Entre Ríos), y Gladys González (PRO-Buenos Aires) dio a conocer la iniciativa para implementar un seguro no obligatorio, con un nivel de cobertura estándar, que otorgue incentivos fiscales a través del impuesto a las ganancias y reducciones del IVA, para lograr mayor adhesión.
El proyecto contempla que todos los productores que se adhieran al seguro paguen la misma prima base, que será la de la zona de referencia para cada uno de los cultivos y producciones. La diferencia resultante, será subsidiada por el Estado.
Las diferencias de base con la propuesta oficial, que hasta ahora no se convirtió en un proyecto concreto, radican en la obligatoriedad que quiso imprimirle la Presidenta, y la ausencia de subsidios del Estado.
En una declaración que despertó la polémica, en lo peor de la sequía del campo, la Presidenta había pedido a los productores que invirtieran en seguros para no tener que rezar a Dios o pedirle al Estado que los asista. El instrumento de asistencia es la Emergencia Económica, que “otorga prórrogas impositivas y crediticias, entre otros paliativos”, según explicó Buryaile. El proyecto del diputado no elimina este mecanismo, que debería convivir con el sistema de seguros “que permiten recuperar parte de la inversión realizada y contar así con capital de trabajo para la próxima campaña”, explicó el diputado nacional por Formosa. Así, el seguro sería “complementario a la ley de emergencia agropecuaria, con la que deberá funcionar articuladamente y sin excluirse, ya que ambos sistemas son necesarios”, concluyó.
El proyecto opositor, toma como ejemplo “la experiencia de países como España, Chile, EE.UU. y Brasil, que han adoptado sistemas de seguros agrícolas, en general, no obligatorios, con coberturas básicas y primas subsidiadas”, resumió Buryaile.
Mientras no hay proyecto oficial, y el opositor tiene bajas oportunidades de ser tratado, desde las empresas aseguradoras ven muy poco probable a esta altura que la herramienta esté disponible para este año. El fuerte de las ventas de seguros agrícolas se da entre julio y septiembre.
Esto indica que los seguros disponibles para la próxima campaña serán los mismos que, para la cobertura contra sequía, no tentaron a los productores en años anteriores. La campaña terminada a mediados de 2010 encontró solamente al 6% de los campos argentinos asegurados contra sequía, según los últimos datos oficiales disponibles, sobre una extensión de 30 millones de hectáreas totales sembradas. Es que los seguros contra sequía son sólo los seguros multirriesgo, con los que los productores perciben pocos beneficios.