Se trata de la recopilación de los casos relevados de situaciones detectadas durante los últimos años.

El informe se titula: "Acoso laboral. Persecución Ideológica. Violencia Laboral. Nunca más". La Asociación Juntos por el Trabajo en Libertad, constituida en marzo del 2015 y en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia, ha sido formada un grupo de personas desplazadas de sus lugares de trabajo ubicados en la administración pública nacional, provincial o municipal. 

Los objetivos originales previstos de la Asociación fueron ayudar a personas que se encuentren en similares condiciones, concientizar a la sociedad sobre la persecución realizada desde el Gobierno y lograr herramientas que permitan evitar que hechos de estas características sucedan en cualquier momento de tiempo.

Los desplazamientos se dieron por distintos motivos aunque con un factor en común, la negativa del trabajador a brindar su obsecuencia al gobierno. Entre ellos, y a modo de ejemplo, se encuentran desplazamientos originados al denunciar casos de corrupción, arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, manifestar abiertamente su oposición a la política sectorial aplicada por el gobierno, por mantener vínculos con personas consideradas opositoras por el gobierno de turno, o simplemente llevar apellidos castigados por el mismo.

Las Diputadas Stolbizer y Schwindt encabezaron en los últimos años la realización de dos audiencias públicas en el Congreso de la Nación, adonde asistieron muchas de las personas, cuyos testimonios han sido recogidos en el informe de la asociación para relatar sus situaciones personales.

No solamente se fue detectando las situaciones individuales de violación a los derechos humanos, violencia laboral en la administración pública, sino que pudo concluir que se trataba de una práctica sistematizada que había tenido por fin cometer actos irregulares, de corrupción, corriendo de sus lugares a las personas que no aceptaban convalidar las prácticas. Y la consecuencia de ello fue el vaciamiento de las capacidades estatales por la pérdida del recurso humano calificado de las personas con conocimientos y experiencia.

A partir de este Informe se solicitará en la Cámara de Diputados la conformación de una Comisión Especial Investigadora de los hechos que han implicado situaciones de violencia y acoso laboral en la administración pública, para determinar las responsabilidades políticas, administrativas o judiciales y recomendar las acciones a seguir.