El gobernador Daniel Scioli confirmó su intención de estatizar el control on line de las apuestas en la Provincia. No renovará la concesión de ese servicio a la empresa Boldt Gaming pero tampoco la licitará para darle la posibilidad a otros empresarios de entrar al negocio.

Scioli ratificó la iniciativa en un programa de televisión y anunció que el presidente del Grupo Bapro y ex recaudador bonaerense, Santiago Montoya, se hará cargo de la tarea que desde siempre fue controlada por privados.

El servicio maneja sólo por la quiniela alrededor de 6 millones de pesos al día y es prestado actualmente por la firma Boldt a cambio del 5,25% de lo apostado. El sistema permite detectar en cinco segundos cada una de las apuestas que se realizaron en las casi 4 mil agencias de Lotería y el servicio incluye la provisión de las máquinas, el software y el sistema de procesamientos de los datos recibidos.

La medida anunciada de manera anticipada de todas formas todavía está en estudio. El Estado provincial no cuenta con absolutamente nada de la infraestructura y la tecnología necesaria; es decir que necesita una inversión inicial antes de tomar la responsabilidad. Por eso buscó asesoramiento en técnicos de la Universidad de La Plata y a fines de este mes funcionarios viajarían a Chile para conocer cómo funciona el sistema estatal del país vecino.

El gobernador Daniel Scioli utilizaría una sociedad anónima del Grupo Bapro o crearía una empresa estatal, para que la conduzca el cordobés Santiago Montoya.

Desde la primera adjudicación, durante la gestión de Eduardo Duhalde, la concesión nunca había sido licitada. Scioli la prorrogó por última vez en 2009 hasta este año. Pero en medio del debate político entre el vicepresidente Amado Boudou, la ex Ciconne Calcográfica y Boldt, más la falta de recursos para afrontar el gasto de gestión del Gobierno provincial que derivó en la discusión por la recaudación a través de los juegos de azar, Scioli dispuso un llamado a licitación que luego anuló.

Boldt impugnó la licitación ante la Suprema Corte entendiendo que favorecía a una empresa vinculada con el empresario Cristóbal López. Ante esa denuncia el gobernador decidió dar marcha atrás y dejar sin efecto el llamado a licitación.