Pequeños y medianos empresarios entregaron a legisladores de la oposición en el Congreso un petitorio de medidas de emergencia y denunciaron la crisis del sector, por la que "cierran 25 firmas por días".

Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), dijo en declaraciones a la prensa que el objetivo es que se dicten medidas urgentes para ayudar a que las compañías puedan subsistir a la crisis económica.

Más de 20 cámaras y entidades que agrupan a empresarios pymes se concentraron este mediodía frente al Congreso Nacional, para reclamar "medidas urgentes que permitan afrontar la situación de crisis terminal" que sufre ese sector.

Fernández señaló los empresarios decidieron acudir al Congreso para encontrar mediación con el Gobierno de Mauricio Macri, dado que "no hubo respuestas" a una serie de reclamos expresados en los últimos meses.

Federico Cuomo, referente de la Red de Industriales y Emprendedores Laudatistas (RIEL), señaló que "cada día que pasa perdemos 25 pymes, ésa es nuestra realidad. Fuimos al congreso y le transmitimos esto a todos los bloques. El petitorio que presentamos requiere respuesta urgente”.

"La realidad no espera. Si seguimos así la única fábrica que va a producir es la que genera pobres" (Federico Cuomo, referente de RIEL).

Asimismo, en cuanto a la demora de los proyectos en el Congreso, apuntó que si bien la política tiene sus tiempos “la realidad no espera y si seguimos así la única fábrica que va a producir es la que genera pobres".

Los empresarios piden tasas de financiamiento más bajas que las actuales, una reducción en la presión impositiva y una "administración inteligente" del comercio exterior para evitar una "inundación de importaciones", señaló Fernández.

Según un relevamiento propio de APYME, antes de la devaluación y del inicio de la recesión "la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas" y "hoy la cifra ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día".

“Necesitamos ser escuchados por los legisladores y el Gobierno, porque además de medidas ejecutivas, son necesarias nuevas leyes para evitar el cierre de pymes, y que generen mayor seguridad jurídica para las inversiones a futuro", expresó.

El punto por punto del pedido a los legisladores

El primer punto de la carta presentada exige “la suspensión por 180 días de todos los embargos” producto de “la grave situación que atraviesa el sector”. En el mismo, los empresarios piden un “compromiso de los legisladores de tratar durante el próximo período un proyecto de reforma tributaria (consensuado con las organizaciones del sector) que diferencia a las pymes y contemple sus verdaderas necesidades”.

En el segundo punto consideran necesario “implementar moratorias impositivas para las pymes: las mismas deberán ser sin adelantos, a tasas razonables y estableciendo un sistema de amortización en el que durante el primer año solo se abone capital”.

Por otro lado, el punto tres señala la urgencia de “incentivar las economías regionales generando beneficios impositivos y fuentes de financiamiento a tasas subsidiadas con “una nueva estructura en el sistema de retenciones” que contenga “una escalada de derechos y reintegros que incentiven el valor agregado en origen”. En ese sentido, piden que esto se aplique “a la producción agropecuaria, agroindustrial e industrial. Es urgente que el sistema financiero (siendo el más beneficiado) y el estado otorguen a las pymes una tasa del 20% para capital de trabajo, descuento de cheques, u otro mecanismo, para ser aplicado al pago de salarios, impuestos y servicios públicos.

El punto cuatro del proyecto presentado tiene que ver con el costo energético que afronta el sector. En ese aspecto, propusieron que “se retrotraigan las tarifas a diciembre de 2017 y se exija a las empresas prestadoras de servicios la pesificación de estas, tanto para las empresas hasta 300 KW como las electro intensivas”. Sobre ello, destacaron que los servicios públicos deben considerarse como “un derecho y no una mercancía”.

El quinto punto exige “la incorporación de todos los rubros pymes a la medida anunciada recientemente para los sectores textil, indumentaria, cuero, calzado y marroquinería de adelanto del Mínimo No Imponible de $12.000 para el pago de contribuciones patronales. Como también solicitamos que el Bono de fin de año pueda ser descontado de las contribuciones patronales del mes en que se abona”.

En cuanto al sexto punto, reclamaron “la incorporación de referentes de todas las asociaciones pymes en cada comisión legislativa de ambas cámaras, cuya incumbencia nos afecte a saber: Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Legislación de trabajo, Industria, Comercio, Energía, Economía regionales, pyme. Y cualquier otra que en futuro se creara y afecte a nuestra actividad”. Esto es debido a que el sector aglutina el 70% de la mano de obra del sector privado pero no cuenta con la representación debida en la esfera pública.

El anteúltimo punto pide “impulsar medidas que regulen el comercio exterior a favor de la producción nacional” para lograr “en el corto plazo” que “se regulen las importaciones de productos fabricados y/o producidos en el país. En el caso de las exportaciones proponemos se elimine inmediatamente la regulación del tipo de cambio y se vuelva a instrumentar el reintegro del 5%”.

El octavo y último aspecto exigido a las autoridades políticas tiene que ver con una necesidad de modificar la segmentación de las empresas. “El primer punto es diferenciar a las grandes empresas del resto calificarlas según el sector que pertenezcan, servicios, importadoras, agro o industriales. Proponemos para las micro, pequeñas y medianas empresas una clasificación que no solo contemplen el monto de facturación sino la cantidad de empleo que generan y el tipo de energía que consumen, teniendo en cuenta el sector que pertenece. Esta segmentación permite al estado Direccionar los incentivos productivos, como políticas crediticias, como el fenómeno al consumo/exportación pro citar solo dos ejemplos”, finaliza el comunicado.

FUENTE: AMBITO