Tras haber denunciado el reemplazo de vigiladores de una firma minera de Olavarría por parte de efectivos de la Bonaerense, la legisladora de la Coalición Cívica presentó esta solicitud de informes para determinar el impacto que el actual sistema de servicios adicionales de la Policía provincial genera en el mercado laboral de la vigilancia privada y, fundamentalmente, en el grado en que estas actividades afecta su objetivo esencial que es el de brindar seguridad a la población bonaerense.

            En este sentido, la iniciativa busca conocer “qué controles se han establecido para garantizar que los funcionarios policiales dispongan de las horas de descanso adecuadas”, y el análisis de costos por el cual se ha determinado “que con un 10% del ingreso obtenido por los servicios adicionales, se cubren los costos y/o se obtiene ganancia para la provincia por la utilización, por parte de las empresas privadas contratantes, de bienes públicos”.

            También Gainza quiere saber “qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo a fin de evitar su utilización como competencia desleal en detrimento de los trabajadores de la seguridad privada” y “los montos abonados por las empresas o entidades contratantes de servicios adicionales de la policía de los últimos cinco años”.

            Por último, la senadora olavarriense puntualiza que “en los hechos, este ingreso paralelo ha dejado de ser optativo para constituirse en parte sustancial –aunque sin aportes- del sueldo de un policía, lo cual implica extensiones horarias desgastantes, poco recomendable para quienes trabajan basados en su perspicacia, tolerancia, rapidez de reflejos y sentido de la oportunidad, munidos de un arma y poniendo en riesgo su vida. Cabe destacar que, así, todo ello se realiza en pos de la defensa de intereses privados, cuando su razón de ser es la defensa de la tranquilidad pública”.