Luego de recibir las intimaciones personalizadas enviadas por el organismo, 56 mil los contribuyentes que, acataron las notificaciones y se pusieron al día con sus obligaciones tributarias.

Los deudores poseen en conjunto 181 mil objetos impositivos en la Provincia ya sea casas, vehículos y embarcaciones, o bien ejercen actividades económicas alcanzadas por Ingresos Brutos. Al cancelar toda su deuda, o abonarla en forma parcial y suscribir un plan de pagos por el resto, los contribuyentes regularizaron la situación de cada uno de esos bienes.

El titular de Arba, Martín Di Bella, afirmó que “las acciones de cobranza fueron efectivas y nos permitieron recuperar un volumen importante de impuestos atrasados. Los contribuyentes que regularizaron su situación dejaron de lado las excusas y comprendieron que el mejor camino era hacerse cargo de sus deudas”.

En ese sentido, destacó que “avanzar contra los morosos representa un acto de equidad y, al mismo tiempo, es la mejor forma de honrar el compromiso de todos aquellos ciudadanos que hacen un esfuerzo para tener sus impuestos en regla. Es una de las premisas que tenemos desde la gestión que conduce el gobernador Daniel Scioli”.

La deuda recuperada a través de la labor de cobranza de la Agencia de Recaudación se compone de 106 millones de pesos correspondientes a cuotas atrasadas del Impuesto Inmobiliario, 102 millones a Automotores, alrededor de 41 millones de Ingresos Brutos, mientras que cerca de 1 millón se originaron en pagos de Embarcaciones Deportivas.

En forma paralela a los constantes operativos de fiscalización que realiza en diversos puntos de la Provincia, Arba continuará con las acciones de cobranza para recuperar deuda correspondiente a impuestos impagos.

Aquellos contribuyentes que reciban una intimación del organismo y sigan sin regularizar su situación, serán enviados a la Justicia para garantizar el cobro de lo que adeudan. Esa instancia judicial prevé la posibilidad de trabar embargos de bienes y activos financieros, efectuar inhibiciones e incorporar a los morosos a las bases de datos de riesgo crediticio, entre otros perjuicios.