La intervención judicial surgió luego de que de De Lucía denunciara “graves irregularidades” en el marco del proceso de “depuración administrativa y control del gasto” que se anunció al iniciar su gestión, calificado como un “ajuste” desde los gremios. Y tiene también, como contexto, la prolongada toma de la sede de la cartera que llevaron a cabo empleados administrativos en rechazo a un recorte generalizado de las horas extras que dispuso De Lucía, así como el paro de dos días para la semana próxima que ayer ratificaron los gremios docentes.

En ese marco, la titular de Educación aseguró que se detectaron casos en los que “se pagaban horas extras a un muerto y a un preso”.

Y ahora el fiscal platense Marcelo Romero decidió abrir una investigación de oficio para analizar esas presuntas maniobras de fraude con el objetivo, además, de detectar quiénes se habrían vistos beneficiados con ese reparto.

Romero explicó que su fiscalía “inició una causa de oficio a raíz de las declaraciones periodísticas del lunes último” realizadas por la funcionaria, y explicó la decisión en “la obligación de investigar cualquier delito de acción pública que podría haberse cometido en el área”.

Ya con la causa abierta, el fiscal libró ayer dos oficios a la dirección de Educación en los que pide a las autoridades de esa cartera un listado en el que conste la totalidad de los contratos y otro en el que se detalle el reparto de las horas extras y el monto que se paga por ese beneficio a cada empleado.

La investigación llega, como se dijo, en medio de una dura puja entre el gobierno bonaerense y los gremios del sector educativo, que denuncian “ajustes” en el área y convocaron a un paro por 48 horas para el martes y miércoles próximos.

En ese marco, De Lucía salió a descartar la posibilidad de reabrir la discusión salarial este año, como lo reclaman los gremios, y a a cuestionar el paro, al calificar de “incomprensible” y “extrema” la medida de fuerza.