La iniciativa se coordinó con especialistas de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, de Salud Mental, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.

En las Unidades que integran el Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Unidad 2, 27 y 38 de Sierra Chica y 17 de Urdampilleta, la actividad convocó a una gran cantidad de internos que participaron activamente de la jornada. El Jefe de Complejo, Inspector Mayor Darío Castagnino, planteó la necesidad de brindar, especialmente en estos tiempos de pandemia, “contención a los privados de la libertad que se encuentran en una situación especial. Es un plan que merece todo el apoyo de los penitenciarios para lograr atravesar este momento de la manera más respetuosa y brindando herramientas de nuestros profesionales a los detenidos”.

El protocolo estipula un diagnóstico preventivo de las personas privadas de libertad que atraviesen situaciones de riesgo para poder brindarles contención y evitar situaciones de autodestrucción o suicidios.

En este marco es que el Jefe del SPB, Xavier Areses, pidió a los directores de todas las Unidades Penitenciarias de la Provincia un listado con las personas privadas de libertad que reúnan uno o varios factores de riesgo que permitan suponer una posible predisposición autodestructiva o de riesgo suicida a fin de establecer pautas para su prevención.

Los indicios a tener en cuenta son que la persona privada de la libertad sea sometida a aislamiento o sea rechazada socialmente, que exprese desesperanza o temor sobre el futuro, muestre señales de depresión, tales como: Ilanto, falta de emoción, falta de expresión verbal, apatía, angustia.

También incluye que se admita tener ideas actuales relacionadas con un suicidio, asumiendo que tiene planes actuales para suicidarse, o que ha tenido uno o más intentos suicidas previos o admite que el suicidio es actualmente una opción aceptable.

Asimismo, es un dato referencial que la persona privada de la libertad tenga pocos recursos de apoyo externos e internos (sociales, familiares, vinculares), que tenga antecedentes personales o familiares de suicidios, que se encuentre atravesando situaciones vitales y/o traumáticas tales como fallecimientos, procesos judiciales, conflicto familiares o ausencia de visita de su red afectiva primaria.

Otros indicios a considerar son que la persona detenida esté cursando una enfermedad crónica, grave, terminal, dolorosa o invalidante.

También que tenga un bajo rendimiento laboral y/o educacional, reiteradas faltas injustificadas y sin aviso, combinado con algún otro indicador, que tenga cambios en sus hábitos y conductas tales como: el ritmo habitual del sueño, alimentación, rechace la medicación, replegamiento, irritabilidad, agresividad, conducta desafiante con sus pares y autoridades, indefensión, entre otras.

Se deberá tener en cuenta que la persona privada de la libertad posea un trastorno cerebral orgánico como: epilepsia, daño cerebral, demencia, entre otros, o que posea un trastorno de personalidad, como: personalidad límite, antisocial, entre otros.

En esos casos el protocolo establece asistencia psicológica remota debido a la pandemia por el Coronavirus, pero antes se recomienda una contención personalizada hasta que tome intervención el profesional de la salud.

Desde que comenzó la pandemia ya fueron asistidas cerca de 200 personas privadas de la libertad por psicólogos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria y del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El programa preventivo cuenta con el sostén de los profesionales de la Subdirección General de Gerenciamiento Asistencial y Tratamental del SPB y se basa en el lema “Tomate un minuto para escuchar a una persona en contexto de encierro, puedes cambiarle la vida #Hablemos”.