Las autoridades del Partido Intransigente aseguran que “la absolución de todos los imputados en el caso Marita Verón, no sólo expone la repudiable indiferencia de uno de los poderes del Estado, en este caso del orden provincial, ante una sociedad que reclama justicia, sino que es un punto de inflexión, a partir del cual debemos plantearnos la necesidad perentoria de democratizar el Poder Judicial, en todos los órdenes, aboliendo las prerrogativas, que lo diferencian de los otros poderes del Estado, y de la ciudadanía en general, convirtiéndolo en una suerte de potestad monárquica.”

Agregan  y se preguntan además  “cómo podemos concebir en un sistema democrático, leyes privadas, o sea privilegios, que los miembros del Poder Judicial se concedieron a sí mismos, tales como la exención  de hacer declaración de bienes y de tributar gravámenes por impuestos a las ganancias o la riqueza, así como la inmovilidad en el cargo, que virtualmente es vitalicio, ya que a pesar de que la Constitución reformada del ’94, limita la prerrogativa de la inmovilidad cumplida la edad de  75 años de edad, en los hechos el artículo 261 es letra muerta, abatida por los “usos y costumbres monárquicas”  de la Corte Suprema.”

Avanzado el documento sostienen “podríamos seguir enumerando privilegios corporativos, pero, con los expuestos, es suficiente como para asumir la necesidad de equiparar a los miembros del Poder Judicial con los componentes de los otros poderes del Estado, a los efectos de que al igual que éstos sean electos, y tengan los mismos contralores y mandatos periódicos. Y, por supuesto, las mismas obligaciones tributarias de un ciudadano común. Es por ello que los intransigentes bonaerenses abogamos por la abolición de los privilegios de casta y la democratización del Poder Judicial”.