El trabajo de campo, que abarca tanto al Conurbano como al interior de la provincia, “busca garantizar el efectivo cumplimiento de la política de Estado que apunta a proteger el poder de compra de la gente, y que tendrá vigencia hasta el primero de abril” indicó la Defensoría en un comunicado.

Muchas veces, para este tipo de relevamientos desde la Provincia, solicitan la colaboración de los organismos municipales, cosa que hasta este martes no ha sucedido en Olavarría.

“En paralelo, el relevamiento pretende detectar eventuales situaciones de desabastecimiento de productos de la canasta básica, concientizar al comercio de la obligatoriedad de exhibir los precios de todos los bienes en las góndolas e inculcar en los consumidores el derecho a exigir el efectivo cumplimiento de esa disposición”, se agregó.

En ese sentido, el organismo indicó que, todas las semanas, los equipos de “Difusión de Derechos” de la Defensoría realizarán un seguimiento de precios en establecimientos testigo, elegidos al azar, tarea que se repetirá sistemáticamente, en los mismos negocios, hasta el final del compromiso.

Asimismo, la Defensoría decidió que en todas sus sedes se reciban denuncias vinculadas a posibles violaciones al convenio y en ese sentido habilitó sus vías de comunicación para que los habitantes de la Provincia puedan informarse o evacuar dudas relacionadas con el alcance del acuerdo, que comenzó a regir el primero de febrero.