Van sumando alrededor de una decena, las resoluciones contrarias a la elección directa de los consejeros en el órgano que nombra y remueve jueces. También hay dos jueces que fallaron a favor, pero la que deberá definir antes de la Corte Suprema, es la jueza federal con competencia electoral, Romilda Servini de Cubría, que adelantó a los medios que el lunes podría expedirse.

Entre los fundamentos el Juez explicó que "cabe consignar que la normativa cuestionada (…) tiene como finalidad primordial restringir sustantivamente el dictado de medidas cautelares contra el Estado Nacional, limitando las facultades del Magistrado para examinar y valorar las circunstancias particulares del caso, cuestión que en cierta forma importa un retorno a la Ley Tapón Nº 25.587, dictada en el marco del denominado 'corralito bancario y financiero' y declarada inconstitucional por la Cámara Federal de Mar del Plata, entre otros tribunales del país".

Luego en su fundamentación opinó que diversos artículos de dicha ley "colisionan con la Carta Magna y deben ser invalidados a fin de tutelar apropiadamente los derechos invocados por el accionante".

Es así como el Juez Martín Bava, en la parte resolutiva del fallo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 4, 10 y 13 Inc. 3 de la Ley 26.854.

Además, hizo lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia ordenó al Estado Nacional "la suspensión de la constitución del nuevo Consejo de la Magistratura como también del llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el próximo 11 de agosto de 2013, según surge del artículo 30 de la ley 26.855 y decretos 501/2013 y 577/2013".

Coincidió allí con los argumentos del Colegio de Abogados de Azul, quien advirtió que "de permitirse la puesta en funcionamiento de este sistema electoral el daño sería irreparable, pues una vez que funcione el Consejo con la composición y representación establecida por la ley impugnada los distintos estamentos (jueces, abogados y académicos) habrán perdido la representación de sus pares y potenciado en grado absoluto los poderes políticos del gobierno de turno”.