En los despachos oficiales circula un plan para avanzar en la pesificación de la economía argentina, con una idea que es impulsada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, pero resistida por otros sectores del Gobierno. La iniciativa pasa por un proyecto de ley que, si finalmente supera todos los filtros oficiales, sería enviado el Congreso Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría.
Pese al impulso que Kicillof le intenta dar al plan, varios funcionarios de peso en el Gobierno se niegan a convalidarlo. El proyecto llegó a manos de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que aún no lo evaluó. De todas formas, avisó que no se hará ningún cambio antes del 3 de agosto, cuando el Gobierno tiene que pagar (y lo hará) u$s 2.300 millones del último tramo del Boden 2012. Para Cristina este vencimiento tiene una alta simbología, porque el Boden 2012 es el título emblemático del “corralito”, que surgió tras la crisis de 2001-2002.
El plan que el Gobierno tiene bajo estudio implica seguir una metodología similar a la que se utilizó con YPF: redactar un decreto armado, y luego girar el proyecto cerrado al Congreso. El proyecto incluye la pesificación de todos los contratos comerciales y financieros, y abolir los últimos artículos que subsisten de la ley de convertibilidad (en particular el que prohíbe la indexación).
Esta semana varios funcionarios se manifestaron públicamente a favor de una pesificación de facto de la economía. Entre ellos, además de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el senador nacional Aníbal Fernández; el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y los diputados Carlos Kunkel y Roberto Felletti.
Una fuente con trato con el Gobierno señaló: “En el fondo, si envían un proyecto de ley lo único que cambiaría sería formalizar lo que ya están anticipando oralmente”. Pero tres altas fuentes del gobierno nacional consultadas por El Cronista, negaron la posibilidad de que se avance en el corto plazo con este plan. Otros afirmaron que está a una etapa de evaluación y la Presidenta aún no estudió a fondo el tema.
Los principales lineamentos del proyecto –cuyo diseño legal está a cargo de la secretaría Legal y Técnica de la Nación son: Transacciones: Se prohíben realizar transacciones comerciales y financieras de cualquier tipo en dólares u otra moneda distinta al peso. Para ello habría que derogar los pocos artículos de la ley de convertibilidad aún vigentes y finalizar con la aplicación de la Ley de Emergencia Económica.
Indexación: También se derogarían los artículos de la ley de convertibilidad que no permitan la actualización de los balances de las empresas ni la indexación de contratos en pesos. Esto último a fin de tentar al público a ahorrar en moneda nacional. De todas formas, no está claro aún si se autorizará la indexación por el IPC del Indec, que subestima la inflación verdadera, o por un
índice nuevo. Los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad mantienen derogadas desde abril de 1991 todas las normas legales y reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, o cualquiera otra indexación de deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes y servicios.
n Depósitos y créditos: Fuentes del Gobierno aclararon que no se tocarán los depósitos en dólares en los bancos. Hoy hay unos 11.500 millones en depósitos en moneda estadounidense en el sistema financiero.
n Deuda: En lo que se refiere a los vencimientos de deuda en dólares, las mismas fuentes aseguraron que el plan contempla la posibilidad de pagar los vencimientos de capitales e intereses al tipo de cambio oficial del día que corresponda. Pero que esto, de concretarse, sería optativo, según lo determine el acreedor. El vencimiento del 3 agosto del Boden 2012 sí será pagado en dólares, según la orden de la Presidente.
Fuentes del Banco Central consultadas por este diario omitieron hacer declaraciones sobre el plan oficial bajo estudio. Pero en el sector privado no descartan que pueda llegar a aplicarse. Aunque el trascendido desconcertó a más de un ejecutivo.
Lógica
“No entiendo la lógica ni la necesidad de avanzar por un camino como éste”, remarcó un economista de un banco privado, para quien las necesidades de dólares que tiene el Estado son totalmente manejables. “De la deuda que está en el mercado –no dentro del sector público– en 2013 tienen que pagar algo menos de u$s 2500 millones, sin contar el cupón PBI, y el año siguiente esas necesidades bajan casi a cero”, agregó.