La enorme repercusión que despertó el nuevo plan oficial de créditos para la vivienda, con 1,4 millones de solicitudes presentadas desde su lanzamiento hace apenas una semana, demandará al Gobierno un enorme esfuerzo para estar a la altura de la expectativa creada. El esquema de financiamiento definido por el Poder Ejecutivo dispone que el programa arranque con un aporte del Tesoro de $ 3.000 millones. Esta cifra actúa como un límite a la cantidad de préstamos a otorgar en la primera etapa: según el financiamiento promedio de $ 200.000 estimado por ANSeS, alcanza para 15.000 beneficiarios.
Ayer se obtuvo otra evidencia de lo complejo que resultará acelerar este contexto: por la altísima cantidad de pedidos, el inicio del trámite ante el Banco Hipotecario para aquellos que tengan un terreno también quedará sometido a un sorteo. Este paso, inevitable para encausar la gestión, también garantiza que el presupuesto será absorbido de manera dosificada.
Fuentes oficiales consultadas por El Cronista señalaron que todavía no está definido de dónde saldrán los $ 3.000 millones que debe poner el Tesoro. En principio, se recurrirá a una reasignación presupuestaria y de ser necesario, se completará con la colocación de algún título dentro del sector público, del estilo de la colocada ayer a la ANSeS para renovar un vencimiento de deuda.
Todavía no hay una previsión sobre los tiempos en los que se efectivizarán los créditos, porque ese paso está sujetos a dos variables: la agilidad del banco colocador (que tiene un músculo comercial más entrenado que otras entidades del sector público, como el Banco Nación) y la forma en que los adjudicatarios se adapten a las formalidades de la obra (presentación de un proyecto avalado por arquitectos o maestros mayores de obra, contar con comprobantes laborales e impositivos al día, etc.).
Los primeros en recibir fondos serán aquellos que sean propietarios de un terreno, ya que la puesta a punto de los lotes fiscales (la otra pata del plan) demandará otros tiempos, por la necesidad de dotarlos de infraestructura básica y de establecer una subdivisión para su posterior urbanización.
Como sucede en todos los préstamos que financian construcción, la entrega del efectivo se realiza a medida que se presentan los certificados de obra de cada adjudicatario. Este factor le quita al Ejecutivo la necesidad de disponer de inmediato los $ 3.000 millones de aporte constitutivo del fideicomiso Procrear. En caso de que aprueben 15.000 créditos en el transcurso del tercer trimestre del año, necesitarán contar con la mitad de dicho aporte para poner en marcha las obras en el último trimestre del año.
La continuidad del plan está atada a la emisión de los Valores Representativos de Deuda (VRD), nombre que recibirán los títulos que emita el fideicomiso cuando comience el proceso de securitización de la primera tanda de créditos. Es probable que las emisiones de VRD sean por montos más chicos, ya que deben tomar como base hipotecas homogéneas en plazo y tasas aplicadas.
Hasta las 20 de ayer, la cantidad de solicitudes para recibir los lineamientos básicos del crédito ascendía a 1.418.604. De ese total, 908 mil eran poseedores de terrenos. Los turnos para asistir a una sucursal del Hipotecario sumaban 289.515, apenas un 20%. En Buenos Aires se están agendando para septiembre, en Córdoba para noviembre y en Rosario y Mendoza, para el 6 de diciembre.
Ante la meta original de 100.000 créditos prevista, el único camino que le resta explorar al Gobierno para satisfacer tanta demanda es ampliar el aporte original del Tesoro, algo difícil para un año de vacas flacas.