Directivos de más de 200 obras sociales fueron citados a las 17 a la Jefatura de Gabinete para un encuentro con la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. Algunos dirigentes especularon con la presencia de Cristina de Kirchner, en tanto que otros dijeron suponer que la mandataria hará el anuncio el viernes.

El eje del programa establece una baja del 15 al 10 por ciento en las retenciones de la AFIP sobre los aportes de las obras sociales sindicales (y del 20% al 15% en el caso de las empresarias), que aliviará en $ 200 millones al mes las arcas de los sindicatos. Se trata de recursos que el Estado vuelca al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), con el que deben financiarse los tratamientos médicos más complejos y que en la actualidad acumula más de 15 mil millones de pesos.

La AFIP retiene entre un 10% y un 15% para ese fondo de acuerdo con el nivel salarial de cada afiliado. El Gobierno mantuvo congelado el monto de sueldos de corte para ese porcentaje en $ 2.400, lo que generó que con las últimas subas pactadas en paritarias todas las organizaciones pasaran a tributar el nivel más alto, del 15%.

Para el Ejecutivo la medida no tendrá un gran costo. A lo sumo crecerá a menor ritmo el FSR, cuyo acumulado fue objeto de reclamos permanentes por parte de Hugo Moyano y también de sus enemigos en la CGT. La línea ideada por los funcionarios hace pensar que la devolución de ese monto a los gremios es ilusoria, y que los dirigentes deberán conformarse con la reducción impositiva y, eventualmente, con el pago de las deudas que los organismos de salud mantienen con sus obras sociales por tratamientos médicos brindados y no reintegrados.

Otro ítem del plan apunta a esa deuda. Será lanzado un nuevo sistema informático bajo la promesa de que agilizará el reembolso de las prestaciones más caras. La Administración de Programas Especiales (APE), absorbida semanas atrás por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), es el organismo encargado de cubrir el valor de los tratamientos más complejos (sida, hemofilia, trasplantes, entre otros) una vez evaluados los expedientes de las obras sociales que se encargaron de brindarlos.

En marzo pasado, Korenfeld desembarcó en la Superintendencia y dos meses después quedó al frente de la entidad. Pero ya desde su llegada bloqueó los desembolsos previstos a la espera de una definición del Ejecutivo acerca de un nuevo plan. La APE tiene un presupuesto anual de 1.400 millones de pesos y se calcula que desde marzo ejecutó apenas entre un quinto y un octavo de lo que debió pagar en ese período.

La otra pata del programa pasa por los medicamentos más caros. Hasta ahora, cada obra social debe afrontar el valor de esos remedios y luego presentar el expediente ante la APE para aguardar su reembolso. La demora del organismo en tramitarlo y el hecho de que en general reconoce un costo inferior al de mercado colaboró a la desfinanciación de las organizaciones de salud, de acuerdo con la queja constante de los dirigentes.

En esa línea, está previsto montar una suerte de «pool de compras» centralizado, bajo el monitoreo del Estado, a fin de obtener mejores precios y colaborar al seguimiento de los productos, similar al que rige en el PAMI. Por: Mariano Martín