14 de septiembre de 2012
La justicia investigará a Ilarraz, el cura acusado de abuso sexual
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La justicia de Entre Ríos investigará la denuncia por abusos sexuales cometidos por un cura del Seminario Menor de Paraná a alrededor de 50 chicos que empezaban su carrera religiosa, entre 1984 y 1992. El Arzobispado de Paraná nunca denunció el caso.
La Justicia provincial trabaja en el inicio de una causa en la que se investigará la denuncia formulada por el quincenario Análisis, dando cuenta de que el Arzobispado de Paraná nunca denunció el abuso cometido por el cura Justo José Ilarraz contra no menos de 50 chicos de entre 12 y 14 años, quienes recién comenzaban su carrera religiosa y estaban bajo su tutela en el Seminario Menor de esta capital. El artículo da cuenta de un mecanismo aberrante por el cual Ilarraz escogía cada año a unos 10 ingresantes al Seminario Menor para someterlos sexualmente. Lo lograba mediante presión psicológica, explotando sus debilidades, y también a través de un sistema de premios y privilegios frente a los otros semanaritas, en los duros años iniciales de la formación sacerdotal. Según se relata, los elegidos generalmente eran chicos provenientes de familias de campo de Paraná Campaña y zonas cercanas, donde el sentimiento religioso está muy arraigado y la elección de una vocación religiosa es motivo de orgullo de sus padres. Silencio e impunidad Uno de los datos salientes de la investigación periodística es la manera en que roza a autoridades de la Iglesia local, y en especial a quien era el arzobispo al conocerse estos hechos, Estanislao Karlic. Es que Ilarraz era un hombre de su confianza. Había sido su secretario privado y chofer, por lo que siempre gozó de la confianza y protección del actual cardenal. El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, cuando se enteró de los hechos denunciados por uno de los seminaristas que se resistió al abuso, fue a hablar personalmente con Karlic acompañado de dos de los chicos vejados por el sacerdote acusado y llegó a recriminarle: “estas son las cosas que hace su protegido Ilarraz”, ante lo cual Karlic le recomendó a las víctimas que rezaran mucho y dispuso el inicio de un Juicio Diocesano al abusador. De esa tarea se encargaron los curas Silvio Fariña y Alfonso Frank, quienes habrían recibido numerosos testimonios de los abusos cometidos por el cura y cada uno de los jóvenes firmó una declaración, pero no hubo ninguna comunicación a la Justicia de lo acontecido. Incluso se revela que quienes optaron por no declarar habían recibido mensajes de autoridades eclesiásticas señalando que la difusión de lo ocurrido afectaría muchos a sus familias, dentro de las cuales había religiosas que podrían ser trasladadas muy lejos de su lugar de origen. Tras el Juicio Diocesano, Ilarraz fue trasladado un par de meses a la parroquia San Cayetano de Paraná, y luego enviado al Vaticano, donde paradójicamente escribió un trabajo titulado “Los niños: nuevos misioneros para nuevos tiempos”. A su regreso de Roma, a fines de 1994, estuvo un tiempo en Córdoba y luego fue enviado a Tucumán. Cuando alguien preguntaba por él en Paraná, en el Arzobispado respondían: “volvió curado del Vaticano”. En 2008, el arzobispo Mario Maulión firmó la escardinación de Illarraz al obispado tucumano, ya que éste por ese entonces aún dependía de Paraná. La admisión Para sorpresa de muchos, el Arzobispado de Paraná emitió ayer un comunicado de prensa donde señaló que la noticia reaviva “nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo, con su ejemplo y enseñanza”. Pese a esa “vergüenza” no se privaron de señalar que la publicación contiene “junto a afirmaciones ciertas, inexactitudes y falsedades”, sin señalar cuáles y cuál es su verdad. Acaso la diferencia esté en la cantidad de jóvenes violados o la modalidad del contacto sexual. Sólo realizó una acusación genérica que finalmente actúa en defensa de Ilarraz. Llamativamente se indicó que “cuando por primera vez se conocieron los hechos se realizaron todas las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad, siempre preservando el derecho a la intimidad y el debido proceso, y conforme a nuestro conocimiento sobre la legislación entonces vigente”. Finalmente, siguiendo las directivas de la Santa Sede y del Papa Benedicto XVI, se solicitó el levantamiento de la prescripción a fin de la aplicación de las sanciones correspondientes, según se indicó en el comunicado eclesiástico. Fuente: La Capital (Rosario)