Al fundamentar la iniciativa, Gainza recuerda que en los últimos años un grupo de vecinos autoconvocados, decidieron dirigirse a las instituciones pertinentes a fin de obtener soluciones ante las constantes emanaciones de humo y otros desechos provenientes de la fábrica de fertilizantes. Las acciones fueron encausadas hacia el Municipio, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la UFIMA (Unidad Funcional Federal para la Investigación de Delitos contra el Medioambiente), la Dirección de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; todo ello sin la obtención de respuestas concretas ante el reclamo sostenido.

En este contexto, la senadora olavarriense quiere saber en qué categoría industrial está inscripta la empresa. “En caso de no existir la clasificación industrial mencionada en el punto anterior, indique cuáles son los motivos por los cuáles la empresa en cuestión funciona de manera habitual y permanente, siendo la categorización un requisito indispensable para su ejercicio”, sostiene la iniciativa. Además, indaga  “si la empresa posee el Certificado de Aptitud Ambiental ya sea expedido por la Autoridad de Aplicación o el Municipio, como requisito único y obligatorio previo al inicio de actividades”, y si ha existido una permanente evaluación y fiscalización de la normativa que regula el funcionamiento de esta empresa.

La legisladora advierte que el marco constitucional nacional y provincial, "protege ampliamente el derecho a un ambiente sano y el cuidado del mismo como baluarte para las generaciones futuras. Además, la obligación inclaudicable del Estado en su manifestación provincial y municipal de disponer los controles pertinente para el efectivo ejercicio de tal derecho invocado".