El objetivo de la iniciativa es que la Provincia cuente con un organismo dedicado a prevenir, diagnosticar y brindar atención médica, asistencia e investigación clínica y epidemiológica de personas con conductas de adicción, a través de la creación de una red de atención pública específica.

Actualmente, el Estado provincial carece de un sistema de atención pública y gratuita que promueva políticas preventivas y garantice la atención temprana, tratamiento y, en última instancia, ámbitos de internación para aquellas personas que sean adictas a sustancias legales o ilegales.

“Los criterios neoliberales en materia de organización de la atención de la salud determinaron la cesión de dicha responsabilidad estatal en centros creados desde la sociedad civil -con encomiable compromiso, esfuerzo y sentido solidario - sin prever un ordenamiento común: no se determinaron protocolos de actuación, sistemas de evaluación y control de los tratamientos implementados, procesos de aprendizaje institucional, dejando tan sensible cuestión librada a una oferta voluntaria, heterogénea, eventual y asistemática”, explica el proyecto en sus fundamentos.

Asimismo, el aporte económico correspondiente al Estado para su financiamiento se ha implementado con sistemáticos atrasos de entre seis y ocho meses, lo que inevitablemente devino en una significativa caída en la calidad de los servicios brindados así como el cierre de numerosos establecimientos, aumentando de manera insostenible la brecha entre la oferta de tratamientos y una demanda cuyo crecimiento se halla directamente vinculado a la progresión incesante del negocio del narcotráfico.

Hoy, aún quienes cuentan con algún nivel de contención que permite les sean detectadas posibles dificultades, deben seguir realizando un tortuoso recorrido por distintos ámbitos tanto para el diagnóstico, como en la intervención y derivación, lo que trae aparejada –en el caso que se persevere- la consulta tardía a los servicios específicos y la ardua o imposible tarea de hallar un ámbito física y económicamente accesible y sostenible para su tratamiento.

“Párrafo aparte merece el grado de angustia y desconcierto al que se ven sometidos quienes se hallan en la situación límite de ver cómo sus hijos, parejas, amigos se encaminan en un proceso de autodestrucción ante el cual toda advertencia, ayuda o reclamo cae impotente en la indiferencia", advierte en sus considerandos el proyecto de ley.

Para Gainza el esfuerzo de un Estado responsable debe estar fuertemente orientado al desarrollo de  políticas que integren la cuestión social, educacional, productiva y de salud con acciones específicas que garanticen la promoción de la calidad de vida, el acceso a diagnósticos certeros y oportunos y a la constitución de ámbitos y procedimientos adecuados para la contención física y emocional de los adictos.