“La provincia de Buenos Aires tiene un código de procedimiento penal distinto al de Nación que ha ido actualizándose, a partir de la introducción de algunas cuestiones, con el fin de priorizar el respeto de las garantías constitucionales que son las herramientas que aporta el Código, la Constitución y los diferentes tratados internacionales de derechos humanos frente al poder punitivo del Estado. Por esa razón, creemos que siempre es necesario debatir sobre los aspectos centrales del proceso penal en nuestro territorio y

evaluar de qué modo los abogados y abogadas podemos brindar un mejor servicio profesional, en este entramado que compromete a muchos actores del universo jurídico”, sostuvo Gastón Argeri, presidente de Colegio de Abogados Departamental.

La próxima charla será este martes y estará a cargo de Gustavo Agustín Echavarría, juez de Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, quien abordará aspectos referidos al debate oral y el juicio por jurados.

La participación popular en la administración de justicia demoró, en nuestra Provincia, 150 años: se estipuló como práctica desde la sanción de la Constitución, sin embargo, recién se implementó en 2014. 

¿Cuáles fueron los aspectos de la regulación normativa de la práctica de juicio por jurados que más debate suscitaron al interior del mundo jurídico?

La existencia de un jurado ya estaba prescripta por nuestra Constitución Nacional, en 1853. Lo que se discutió, en su momento, es la modalidad de jurado que se elegiría, a saber, jurado escabinado o jurado popular. En el jurado escabinado -tal como sucede en la provincia de Córdoba- intervienen ciudadanos junto con jueces, es decir, se trata de un cuerpo mixto. Luego se evaluó la opción de lo que se denomina jurado popular, sin integración de jueces, sólo ciudadanos comunes. Interviene un juez, no en la decisión

de culpabilidad o no sino que sólo dirige el juicio, y en una segunda etapa se ocupa de la calificación legal y de la pena a imponer, la merituación de los agravantes y atenuantes. Es el jurado popular quien da el veredicto de culpabilidad o no y ése es el esquema de jurado que rige en la provincia de Buenos Aires. 

¿Considera que el juicio por jurados va camino a convertirse en una bisagra dentro de la tradición de administración de justicia de la Provincia?

Sí. En la provincia de Buenos Aires hubo dos hitos fundamentales: el primero en 1997, cuando se estableció, en un nuevo ordenamiento procesal penal, el juicio oral y público: un proceso acusatorio, oral y público con la investigación y persecución de los delitos en cabeza de los fiscales y los jueces como un

tercero imparcial llamados a decidir los casos. Este cambio fue sancionado por la legislatura bonaerense en 1996 y puesto en funcionamiento casi dos años después. 

El otro hito importante fue la sanción de la ley 14543 que estableció el juicio por jurado en la Provincia.

La experiencia que se ha recogido en jurisprudencia es muy buena, con una respuesta responsable de los ciudadanos y un balance positivo en cuanto a la resolución de los casos y al trabajo que realizan los ciudadanos como jurados. 

El Departamento Judicial de Azul tiene muchísimos juicios por jurado, tanto en Tandil como en Azul y está a la cabeza de los territorios judiciales que más ha implementado la práctica en la Provincia. 

El juicio por jurado, en suma, supone un cambio importante en el sistema recursivo, un quiebre con la tradición en la materia. 

¿Considera que el juicio por jurados acorta la distancia entre el idioma de la justicia y el de la gente, y descomprime la crisis de legitimidad del Poder Judicial ante la mirada de algunos sectores sociales?

Sí, sin dudas. Involucrar al ciudadano en la administración de justicia me parece que es un acierto de los legisladores y responde al deseo de nuestros constituyentes, cuando sancionaron la Constitución Nacional. También hay otras cuestiones interesantes para pensar, sobre todo en la conformación del jurado. En primer lugar, su calidad accidental: las personas que actúan como jurado probablemente lo hagan por única vez. En segundo lugar, también puede advertirse cómo funciona el mecanismo de selección. El ciudadano es elegido por sorteo, el jurado está integrado con paridad de género y todo ciudadano que no esté dentro de los impedimentos que establece la ley está en disponibilidad para ser jurado. 

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires ha dado un paso adelante y nos encontramos mejor que la justicia federal. Creo que este proceso permite revertir esa mirada, habilitando la participación ciudadana.

La propuesta es organizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, es no arancelada para sus matriculados y matriculadas y se transmite vía Zoom.