El jueves pasado el Gobierno en una decisión sorpresiva, anuló la venta del predio ferial de Palermo que había hecho Menem en 1991. De esta manera, el Estado tomará posesión del terreno que la Sociedad Rural Argentina utilizaba desde 1875. El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue el encargado de informar la medida.
La reacción de la entidad agraria no tardó en llegar. Ayer Etchevehere consideró que la decisión oficial fue “una venganza contra el campo por la 125”, en alusión a la resolución que buscaba fijar retenciones móviles a la soja, y otros cereales, y que ante las protestas del sector no fue aprobada en el Congreso en 2008. En esta línea, lamentó que el Gobierno ataque a la Sociedad Rural y a la Federación Agraria, en vez de dar lugar “al diálogo que proponíamos los otros días”. Consultado acerca de cómo continuará el conflicto, subrayó: “Seguirá en la Justicia, que es el lugar natural donde se debería haber dirimido esta cuestión, si es que el Gobierno tenía algo que opinar después de una venta hecha por el propio Estado nacional hace más de veinte años”. Etchevehere recordó que esa venta –realizada a través de un decreto del Poder Ejecutivo en 1991– se fundamentó en una ley que “es la de legítimo ocupante”.
Aunque desde los sectores ruralistas están confiados de que el reclamo legal será efectivo y si bien hay preocupación en el Gobierno por el avance judicial, lo cierto es que La Rural es controlada por la Sociedad Rural Argentina, con el 50% de las acciones, pero también es gestionada por Fénix Entertainment Group (25%) y el grupo IRSA (25%). Ambas son empresas con buenos vínculos con el kirchnerismo, lo que podría llegar a entorpecer la demanda.
Además del reclamo judicial, los productores agropecuarios realizarán el miércoles un paro en la comercialización en todo el país en repudio a la estatización. “Si cree el Gobierno que con esto nos van a acallar no nos conocen, están equivocados”, enfatizó Etchevehere, quien invitó a las otras entidades agrarias a sumarse a la medida de fuerza. El ruralista remarcó también que “a pesar de estos ataques vamos a seguir diciendo lo que decimos con fundamentos porque hay cosas muy serias para resolver en el campo”. “Vamos a seguir desde la tribuna oficial de Palermo o desde arriba de un cajón de manzanas”, agregó. Ayer, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias confirmó el cese de comercialización.
Al repudio del campo también se sumaron otras voces de protesta. El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, acusó ayer al Gobierno de difundir “numerosas mentiras” para fundamentar un “ilegítimo decreto” y afirmó que la norma es un reflejo “del carácter autoritario y corrupto” de Cristina Fernández.