Cerca de las 9:30 de este jueves, se retomaron las audiencias en el Campus Universitario, tras el cuarto intermedio que comenzó este miércoles.

Fue el Fiscal Walter Romero quien se encargó de alegar por parte del Ministerio Público, ante la presencia de tres de los imputados: Verdura, Grosse y Leites.

Ferreyra está internado en el Hospital Militar, obviamente por razones de salud, según confirmaron desde el Tribunal a LU32.

El fiscal dividió el alegato, que duró casi 3 horas y media, en tres partes: un contexto histórico, la reconstrucción de cada uno de los casos con el aporte de prueba y testimonios logrados en el debate oral y el pedido de pena.

Destacó, primero, que la abundancia de pruebas es enorme en esta causa, que se suma a las declaraciones testimoniales de víctimas y testigos.

En cuanto al contexto histórico en el que sucedieron los hechos, el fiscal reiteró varias veces que los imputados eran una parte relativamente pequeña de un plan mucho mayor del Ejército Argentino, para implantar un modelo económico que fue diseñado y aprovechado por civiles, con apoyo de la Iglesia.

Señaló que hay que avanzar más judicialmente con estos dos sectores.

También respondió a las críticas acerca de la “memoria tuerta” que se sostiene desde algunos fragmentos de la opinión pública, ya que se pone el ojo sobre los ejecutores del terrorismo de Estado, pero no sobre los guerrilleros.

Indicó que, pese a que las víctimas hubieran cometido actividades ilegales, los imputados no estaban amparados por ninguna ley  para cometer las atrocidades que realizaron.

Recordó que los militares utilizaron y perfeccionaron métodos que habían sido creados por los franceses en Argelia y que llegaron a través de la Doctrina de Seguridad Nacional que ofreció Washington.

Además sostuvo que los militares creían en la “neutralidad” de la tortura y que ponían en las víctimas la responsabilidad de la misma y no en ellos.

Consideró que sería insoportable para los imputados el reconocer que la tortura la aplicaban conscientemente.

Mientras reconstruía uno a uno los casos, Romero también resaltó que constantemente se cruzaba la actividad legal de las fuerzas con las prácticas ilegales.

También sostuvo que suponer, a casi 40 años, que los desaparecidos están con vida en algún lugar, es una ficción.

La Fiscalía considera acreditados los delitos en el caso de los cuatro imputados.

En referencia a Verdura sostuvo que fue el máximo responsable de lo ocurrido. Manifestó que tampoco el general ha efectuado algún tipo de autocrítica. Que no es válida la defensa en base a los Consejos de Guerra que se practicaron a los prisioneros políticos.

“El General no olvida, sólo recuerda lo que le conviene” afirmó el fiscal.

En cuanto a Grosse, el fiscal resaltó que por su posición y por ser oficial de inteligencia, tenía mucho que ver con la disposición de los prisioneros y las diligencias para detenerlos. Luego también descartó el video aportado por la Defensa para desestimar el testimonio de Osvaldo “Cacho” Fernández, ya que no correspondía con el programa de TV al que la víctima hacía referencia.

De Leites dijo que tuvo participación y señaló que, al ser nombrado interventor de Laprida el 24 de marzo de 1976, también tiene que haber tenido algún tipo de conocimiento previo de los planes que el Ejército tenía para el país.

Respecto a Ferreyra, el fiscal considera que está “seriamente” incriminado. Afirmó que Araceli Gutiérrez lo mencionó en su declaración de 1985, mucho antes de que el imputado tuviera un cargo público que lo expusiera. El fiscal considera acreditado también que era Ferreyra quien manejaba el vehículo que acercaba la picana y el grupo electrógeno a Monte Pelloni.

En estos basamentos el fiscal solicitó para Verdura la prisión perpetua y la revocación de la prisión domiciliaria, por considerarlo autor de los homicidios, de la privación ilegítima de la libertad, agravada en varios casos por ser de más de un mes y los tormentos. Todo agravado por su calidad de funcionario público.

Para Grosse y Ferreyra la perpetua la pide por considerarlos co-autores de homicidios, privación ilegítima de la libertad, agravada en varios casos por ser de más de un mes y los tormentos. Todo agravado por ser funcionarios públicos.

Por último para Leites el pedido de 25 años de prisión lo basa en la coautoría de los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada en varios casos por ser de más de un mes y los tormentos, también con el agravante de ser funcionario público.

El cierre del alegato fue aplaudido por el público presente en la sala, más que nada victimas, testigos y familiares.